El 17 por ciento de niños, niñas y adolescentes de Ecuador, entre cinco y 17 años, sufre algún tipo de explotación laboral, informó hoy el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
La titular de esa institución, Ximena Ponce, indicó, en una entrevista con Radio Quito, que los esfuerzos del Gobierno por reducir la violencia en ese grupo «son permanentes» y que los adolescentes «deben ser protegidos por toda la sociedad» de delitos como trata, tráfico de personas, delincuencia y asesinatos a sueldo.
Para protegerlos, el sistema de inclusión que adelanta el Ejecutivo adoptará medidas para disminuir los casos de explotación y regulará la presencia de adolescentes en lugares como casinos y salas de juego, explicó Ponce.
Asimismo, la ministra, en diálogo con la emisora Sonorama, respaldó la propuesta de extender hasta 25 años el tiempo de reclusión para los adultos que utilicen a menores de edad en la comisión de delitos.
Esa propuesta se enmarca en el conjunto de reformas que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional para un proyecto de modificación del Código Penal y que ayer Ponce hizo públicas, junto con el ministro de Justicia, José Serrano.
Las propuestas incluyen, además, la sanción con cárcel de hasta nueve años a los adultos que induzcan a adolescentes a consumar cualquier tipo de delito.
Por otro lado, la funcionaria discrepó con la idea de «algunas minorías» políticas de fijar en 16 años la edad mínima para que un menor sea juzgado como adulto, ya que «no se trata de poner la pena más alta», sino de «respetar» los convenios que Ecuador ha firmado y que fijan la edad del adolescente hasta los 18 años.
La ministra explicó que «solo» 26 adolescentes han sido sancionados con medidas socio-educativas por asesinato desde 2008 y que, de ellos, «un porcentaje menor» está relacionado con delitos de sicariato o asesinatos a sueldo, lo que representa un «dato pequeño» con relación a los «casi dos millones de adolescentes» del país.
Ponce añadió que, de esos dos millones, «apenas» el 0,05 por ciento es infractor y que «no es adecuado que un dato tan pequeño lleve a tomar una decisión por la ley», en referencia a la propuesta de sancionar con cárcel desde los 16 años.
Subrayó que el trabajo con los jóvenes debe incluir, además de las sanciones judiciales, una labor en políticas de salud, educación y ocio, entre otras, para evitar que los adolescentes sean capturados por «mafias delictivas».
La ministra insistió en analizar «la complejidad del problema» que, a su criterio, «es el rezago de unas políticas económicas que han dejado gente excluida de los circuitos sociales, de los circuitos económicos» y que «no se resuelve capturando a dos o tres personas».
Las propuestas para reformar el Código Penal se entregaron al Parlamento tras la reciente visita del relator de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, quien llamó la atención sobre los altos índices de violencia y calificó de «espeluznante» la impunidad en el país andino.
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