Unos ocho mil funcionarios del sistema de justicia (Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría Pública) deberán someterse a evaluación, en un plazo de 180 días, una vez que se integre el consejo de transición aprobado en el referendo del 7 de mayo.
Paulo Rodríguez (delegado del Ejecutivo) y Fernando Yávar (representante de la Función de Transparencia) se posesionaron hoy de sus cargos para conocer el estado de la institución. El informe fue entregado en dos folios por el director general del organismo, Gustavo Donoso, quien a la vez presentó su renuncia.
“Básicamente estamos acá para cumplir el mandato ciudadano de procurar cuanto antes la transformación del sistema de justicia en el Ecuador”, dijo Rodríguez a periodistas.
De acuerdo a la propuesta del gobierno aprobada en las urnas, el Consejo transitorio debe estar conformado por tres miembros. Aún falta que la Asamblea Nacional designe a su delegado. El Legislativo se reunió el viernes para hacerlo, pero la oposición bloqueó esa intención.
Pese a este particular, Rodríguez y Yávar dijeron que desde hoy tomaban posesión de sus puestos y precisaron que el plazo de 18 meses para reformar la justicia empezaba a correr una vez que el consejo temporal esté plenamente integrado.
“No hace falta tomar posesión, más allá de eso, lo que tenemos que hacer es integrarnos, constituirnos como Consejo de la Judicatura una vez que llegue la tercera persona, que esperamos sea cuanto antes”, recalcó Rodríguez.
El talento humano, el modelo de gestión, la infraestructura y la aplicación de tecnología son algunos de los aspectos que se tomarán en cuenta para la reestructuración, explicó el representante del Ejecutivo.
“El Código Orgánico de la Función Judicial establece un sistema de evaluación para todos los servidores judiciales, no solo del área penal sino de las áreas civiles, laborales, inquilinato, niñez, etcétera, además los administrativos. Todos los servidores judiciales van a ser evaluados en un plazo de 180 días. Quienes pasen la evaluación, permanecerán en sus funciones; quienes no pasen, serán cesados inmediatamente”, dijo Yávar.
No obstante, Rodríguez precisó que “no hemos venido a perseguir a nadie sino a potenciar a todos los empleados y funcionarios que quieran, conscientemente, apoyar la reestructuración de la justicia”.
