El ministro de Telecomunicaciones (encargado), Augusto Espín, precisó que la decisión de las autoridades de control para no renovar las frecuencias a 99 radioemisoras es un tema relativo al cumplimiento de la ley y no obedece a consideración de carácter político.
En entrevista con la agencia de noticias Andes, Espín explicó que la no renovación de frecuencias es un proceso paulatino (iniciado desde octubre de 2009), basado en el artículo 67 de la ley de Radio y Televisión, que establece 10 causales para dar por terminada la concesión.
La ley de Radio y Televisión establece dicho artículo estipula que la concesión de un canal o frecuencia para el funcionamiento de una estación termina cuando existe mora en el pago de 6 o más pensiones consecutivas de arrendamiento de la frecuencia concedida.
Algo que no se ha mencionado es que las autoridades renovaron las concesiones a 311 radioemisoras y canales de televisión para lo cual se basaron en consideraciones eminentemente técnicas, no políticas.
El ministro de Telecomunicaciones explicó a la agencia Andes que la Contraloría del Estado remitió recomendaciones a las autoridades de control pidiendo que cumplan la ley. la Contraloría realizó un estudio en el que estableció que en gobiernos anteriores se habían entregado alrededor de 370 frecuencias irregularmente.
La decisión de no renovar frecuencias la resuelve el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), un cuerpo colegiado presidido por el ministro de Telecomunicaciones e integrado por un representante de la Secretaría de Planificación (Senplades), del Ministerio de Educación, de las Cámaras de Producción, de la Secretaría y de la Superintendencia de Telecomunicaciones, respectivamente.
¿La decisión de las autoridades es técnica o política, como lo han repetido organizaciones que defienden supuestamente la libertad de prensa?
Es estrictamente un tema de cumplimiento de obligaciones legales. En ninguno de los casos ha habido detrás algún tema de orden político. Lo que ha habido es que se ha hecho cumplir la ley, básicamente eso. El tema ha salido a la luz en estos días a través de los medios que mencionan que se ha cerrado canales que son contrarios al Gobierno; en la práctica es proceso que viene del año 2009. Se ha venido dando este proceso paulatinamente, que implica no renovaciones o el dar por terminada las concesiones porque no cumplieron con aspectos establecidos en la ley. El artículo 67 es especifico en cuáles son las causales para dar por terminado un contrato de concesión de frecuencias, son 10 causales que están claramente tipificadas.
¿Los dueños de las radioemisoras afectadas conocían sobre la normativa y las causales para la no renovación de frecuencias?
Absolutamente. Es más, yo diría que en ninguno de los casos se cerró de la noche a la mañana una emisora. Hay un proceso administrativo que se tiene que realizar y hay un debido proceso. Eso implica que para cada una de las emisoras cerradas hay un expediente. Las razones son, por ejemplo, por mora, pero no por mora de un mes, por mora de seis meses, porque no pagaron seis meses las frecuencias.
Existe un proceso administrativo que obliga al regulador a enviar un oficio notificándole sobre la mora, y luego de seis meses se da paso a la reversión de frecuencia. Lo mismo ocurre en otros temas de orden técnico. Por ejemplo, una radioemisora está operando con parámetros de potencia encima de lo establecido por el regulador. Cuando ocurre esto, la Superintendencia de Telecomunicaciones hace las mediciones, encuentra el problema y le envía el oficio pidiéndole que subsane; si no subsana, hay un proceso administrativo y el final de ese proceso es la reversión de frecuencia.
Entonces, no es como se quiere hacer ver: que el Gobierno va como loco, de la noche a la mañana a cerrar emisoras, supuestamente críticas…
No, ese el punto final luego de un proceso administrativo que ha tomado, en muchos casos, meses.
¿En este caso, cuántas fueron no renovaciones y cuántos cierres?
De los 99 casos, fueron 16 no renovaciones; 20 fueron por voluntad del concesionario, el mismo concesionario dijo no quiero las frecuencias, por algún motivo pidió que no se le renueve. Dos fueron por muerte del concesionario. Catorce fueron por incumplimiento de la instalación dentro del plazo establecido. Es decir, la ley establece que una vez que a usted le dan la frecuencia, tiene un periodo de un año para empezar a operar, si no opera en ese año tiene que devolver la frecuencia al Estado porque si no está acaparando espectro. Otras cinco emisoras tuvieron inconveniente por reincidencia de faltas de carácter técnico (parámetros de potencia, etcétera). Uno, por disolución de la sociedad concesionaria; y cuarenta por no haber pagado por más de seis meses. Esa es la realidad de lo que ha venido pasando en el país y estamos hablando de octubre del 2009 a agosto de 2012.
De las emisoras a las que no se les renovó la concesión ¿cuántas son musicales y cuántas informativas?
En realidad, lo que se refleja aquí es que estamos haciendo cumplir la ley. Noventa y nueve no han sido renovadas por incumplimiento de la ley, pero asimismo, trescientas once han sido renovadas, y eso no dice nadie. En esas trescientas once están diferentes estaciones, de toda índole. Nosotros no hemos visto si están o no están a favor del Gobierno, lo que hemos visto es si cumplen o no la ley.
¿Estos concesionarios ya no tienen la oportunidad de apelar ante alguna instancia? Esos son casos cerrados. Llegaron a última instancia y se revirtió la frecuencia.
Pero tuvieron en su debida oportunidad la posibilidad de apelar…
Claro. De hecho, hay un expediente y un debido proceso en todo esto. Pero que cuarenta radios no hayan pagado seis meses…a usted le sacan de su casa cuando deja de pagar tres meses el arriendo. Aquí estamos hablando que como era un bien del Estado tenían el derecho de quedarse ahí el tiempo que quieran. Quizá esa era la realidad antes, hoy estamos haciendo cumplir la ley.
¿Ustedes han recibido solicitud de información por parte de estos organismos que dicen defender la libertad de expresión y que, en base de información tergiversada y no contextualizada, han informado que estos cierres no son transparentes?
No hemos recibido nada oficial pedido por ningún organismo internacional en ese aspecto, pero le digo, en todos los casos tenemos el expediente que muestra que seguimos el debido proceso de acuerdo a nuestras leyes y regulaciones.
¿Qué piensa cuando la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dice que faltó transparencia en el proceso?
Les diría que pueden solicitar, en función de la ley de Transparencia, los expedientes y hacer su propio juicio una vez que los vean.
