«Es humillante el trato que me quieren dar después de 24 años como servidora judicial», comentaba indignada una ayudante de juzgado Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La funcionaria forma parte de los 78 servidores judiciales del Palacio de Justicia de Guayaquil y de la Fiscalía, que fueron cesados en sus funciones, el pasado miércoles.
Entre sentimientos encontrados, la mujer explicaba que su salida se debe a la nota que sacó en la evaluación que realizó el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).
«He pedido la reconsideración de mis notas. Es injusto el puntaje que me han otorgado en las evaluaciones. La persona que me evaluó no era una profesional, era una chica de primer año de universidad que ni siquiera sabía de cuántas hojas se compone un juicio. Solamente porque vio que no puse una fecha de inicio en un expediente me puso una nota y con eso había evaluado mi productividad», narró.
A su parecer, el CJT busca crear vacantes porque «ahora solo quieren jóvenes, como uno es viejo se quieren deshacer de uno como sea», decía al tratar de reanimarse y mostrarse orgullosa de haber sido servidora judicial.
Según la Dirección General del Consejo de la Judicatura, son un total de 51 servidores de la Corte del Guayas a quienes se les ha aceptado la renuncia, para poderlos desenrolar. Esto, sin perjuicio de los expedientes administrativos seguidos en su contra.
Entre los desvinculados consta el juez Juan Paredes Fernández quien, según el documento, renunció al cargo que ahora ostenta en la segunda sala de lo Penal del Guayas. Un funcionario de la Judicatura indicó que, seguramente existe un error, pues su renuncia fue como juez temporal.
El magistrado está actuando normalmente y, aunque ha emitido providencias, no se pueden notificar por cuanto la Judicatura cesó a la secretaria de esa Sala. Ella, al igual que otras funcionarias de ese nivel cesadas, fue impedida de firmar escritos.
La Judicatura acogió las renuncias de otros jueces de Guayaquil y Durán como: Rodrigo Saltos Espinoza, Carlos Salmon, Belén Velásquez, Gabriel Nivela Vera y otros dos jueces temporales.
En la nómina figuran además seis secretarias de juzgados y salas de lo Civil y Penal, entre ellas, Mirtha Chang, de la Presidencia de la Corte.
La mayoría de los servidores cesados cumplía funciones de menor jerarquía como: ayudante judicial 1 y 2, auxiliares de servicio, asistentes administrativos, oficial mayor, guardián y hasta ascensoristas.
Hasta las cinco de la tarde de ayer, los servidores cesados no recibían la acción de personal que legalice el cese de sus funciones. Por esa razón, la mayoría asistió normalmente a sus labores. Temen que si no acuden al trabajo podría verse como abandono de sus cargos y finalmente perder la liquidación que les corresponde.
A diferencia de lo que ocurrió en la Fiscalía del Guayas, los cesados en la Corte sí pudieron marcar la entrada en el reloj biométrico. Sin embargo, no despacharon procesos.
Explicaron que el miércoles, cuando conocieron de sus salidas, tuvieron que entregar las claves de los sistemas informáticos de apoyo judicial. Ayer apenas se limitaron a ordenar sus escritorios y arreglar los expedientes de las causas que estaban a su cargo.
No obstante, los usuarios desconocían de esta novedad y se mostraron preocupados por la incertidumbre en las gestiones de sus casos.
Un ayudante, quien especificó tener 19 años de carrera judicial, comentó que al nuevo personal le va a tomar tiempo enterarse de los procesos del despacho y que esto retrasará diligencias.
