La clausura del dial FM de Radio Morena podría traer graves consecuencias para el Estado ecuatoriano, señaló Roberto López, abogado del propietario de la emisora, Luis Almeida, con quien acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a denunciar el hecho.
López reiteró que se cerró la radio invocando un decreto emitido durante la dictadura, donde se establece como operación clandestina la actividad de las radios. «¿Cómo puede ser clandestina una radio que viene funcionando desde hace 17 años y que invita permanentemente a los funcionarios de los distintos gobiernos a expresarse por sus micrófonos?».
Agregó que la denuncia ante la CIDH, más que defender los intereses de la radio, busca defender los derechos del Ecuador a expresarse, «porque se viene un proceso electoral en el cual la Constitución y la reforma a la Ley Electoral le prohíbe a la oposición contratar publicidad. Ni a Hitler se le ocurrió una cosa así. Aquí solo el Gobierno quiere hablar», concluyó el jurista Roberto López.
