Un proyecto de norma endurecerá las sanciones contra los empleadores que incumplan con sus obligaciones a favor de sus trabajadores, además de que permitirá el pago de las indemnizaciones a los desempleados de los casinos y salas de juego que fueron cerrados.
El proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales ya pasó el informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario para el primer debate que se realizaría hoy en la Asamblea Nacional.
El cuerpo legal, que contiene seis artículos y una disposición transitoria, fue recibido en la Legislatura el 2 de julio y tiene un plazo de 30 días para su trámite debido a que tiene la condición económico-urgente.
La citada comisión efectuó algunas precisiones a la propuesta, como por ejemplo la dificultad que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para recaudar el dinero adeudado.
Aquello sucedería en muchos casos por una “acción reprochable de los empleadores, como el ocultamiento de sus bienes”. El proyecto busca hacer efectiva la responsabilidad de empresarios con los trabajadores.
“Debido a la íntima relación que existe entre el ámbito tributario y laboral en este aspecto, la reforma se orienta al resguardo de las personas trabajadoras, con la verificación del ingreso real de los empleadores, para la determinación exacta de las utilidades de los trabajadores”, establece el mencionado informe.
Para el asambleísta Fernando Cáceres, el objetivo de la iniciativa legal es que los derechos de los trabajadores no queden vulnerados y que sea el Estado el que asuma el pago a los trabajadores de los salas de juego, cerradas por mandato popular.
Eso se lograría a través de la vía coactiva: embargo de bienes, remates, incautación u otra modalidad que permita recuperar el monto a pagarse, por lo que se solicitará a personas naturales, jurídicas o terceros el pago realizado por el Gobierno a manera de un derecho de repetición, asegura Cáceres.
Para José Chávez, asesor de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), el proyecto recoge las propuestas que han realizado las centrales sindicales desde hace años. “En el documento no hay ninguna contradicción con la Constitución ni las leyes. Más bien se llena un vacío reclamado por los trabajadores. Es muy beneficioso para proteger nuestros derechos”, expresa.
Chávez está seguro de que esta norma será aprobada en la Asamblea, ya que eso buscan los trabajadores en general, pese a que ha realizado algunas precisiones leves ante algunos legisladores como la concordancia que debería existir con el nuevo Código Penal, el cual está en trámite.
El informe de minoría de la comisión de Régimen Económico y Tributario estipula que no es posible superponer el derecho laboral sobre el de propiedad, puesto que el artículo 11, numeral 6 de la Constitución, expresa que todos los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de jerarquía.
Según el anotado documento, los artículos 2 y 3 del proyecto son contrarios a los numerales 74 y 75 de la Constitución, “violentando todo precepto lógico, jurídico y contrariando tácitamente el debido proceso. Eliminan cualquier anhelo de justicia ya que desde la concepción del proyecto se descarta el principio de inocencia y la buena fe”.
Los legisladores concluyen en que “debido a los vicios de constitucionalidad formal y material de la ley, así como por la incompatibilidad legal del articulado, solicitamos el archivo del proyecto…”.
También se pronunció la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Dice que el proyecto introduce una serie de discrecionalidades y potestades que “lesionan gravemente el derecho de la presunción de inocencia y el debido proceso”.
