La Bancada Legislativa del Movimiento Alianza País, a través de uno de sus coordinadores, el asambleísta ángel Vilema, rechazó la solicitud de juicio político al ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, planteada por el asambleísta por Pachakutik, Cléver Jiménez.
Vilema indicó que el pedido «es un ejemplo más de la utilización del mecanismo constitucional de fiscalización para crear una tarima política con fines de desprestigiar al Gobierno y afectar el quehacer del Estado».
Afirmó que «las acusaciones no tienen fundamento alguno, confunde procesos, evidenciando el desconocimiento de la aplicación del ámbito de las leyes y más grave aún realiza imputaciones falsas y temerarias».
El legislador indicó que, señalar por ejemplo que el ministro no cumplió el decreto ejecutivo 1793 de junio de 2009, es desconocer que este decreto se aplica para la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para evitar la contratación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
Sin embargo, Petroecuador que se rige en materia de comercialización externa por otras normativas se ha sujetado a la política nacional de desincentivar en la contratación con este tipo de empresas, subrayó.
Igualmente, enfatizó que «es necesario resaltar que varias de las acusaciones sobre incumplimiento de las funciones como ministro corresponden a otras competencias en este caso a Petroecuador, por el contrario su trabajo y gestión ha sido debidamente informado al país».
Este juicio político, dijo, «tiene como objetivo confundir a la ciudadanía desconociendo de manera histórica que de forma soberana se ha recuperado los recursos naturales como el petróleo, en condiciones de dignidad y justicia para el país».
«El asambleísta Jiménez acusa de la violación de la Constitución sobre la renegociación de contratos petroleros diciendo que se afectó a los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública, pero los hechos demuestran que tras la renegociación el país es 100 por ciento propietario del crudo, se reactivó la empresa petrolera y le ha significado ingresos al Estado por más de 2 mil millones de dólares por el aumento de producción y la captura del 100% de los beneficios por el aumento del precio del crudo», recalcó Vilema.
«La solicitud contiene en su mayoría insultos, afrentas, diatribas que intentan ser el argumento de la sinrazón. Por este motivo, esta bancada rechaza este acto manipulador y solicita a la Comisión de Fiscalización que actúe según la Constitución y la ley archivando el juicio al no existir mérito», expresó finalmente.
