Militares y policías se sumaron ayer a las protestas de los funcionarios públicos españoles que rechazan el nuevo plan de austeridad aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy para ahorrar 65.000 millones de euros a costa de la subida del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, la eliminación del bono de Navidad, el recorte adicional de inversiones y gasto público.
La movilización crece y amenaza con seguirlo haciendo, después de que los principales sindicatos españoles, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) calificaron de “fraude democrático” el nuevo paquete de medidas y advirtieron su intención de elaborar un calendario de protestas que abarque hasta final de año. La primera y gran jornada de movilización a nivel nacional se realizará este jueves.
En medio del descontento social, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó ayer que España continuará en recesión en 2013 y su Producto Interno Bruto (PIB) se contraerá 0,6%. El organismo, en su informe de Perspectivas Económicas Globales, señala que la economía española retrocederá un 1,5 % en 2012 y no un 1,8 % como indicó en abril.
“La turbulencia en los mercados se ha acelerado en España debido a nuevas inquietudes por la salud de su sistema financiero y por las posibles implicaciones presupuestarias”, escribió el FMI, que advierte sobre todo de problemas en el sector bancario del país.
En tanto, Madrid, por quinta jornada, volvió ayer a ser escenario de varias protestas lideradas por los funcionarios, a los que el Ejecutivo del Partido Popular (PP) dejó sin paga extra de Navidad este año y a los que suprimió días de libre designación.
Los trabajadores públicos canalizaron el descontento de una ciudadanía que lleva ya dos años sufriendo las consecuencias de los recortes impuestos desde la Unión Europea (UE) para frenar el déficit público, primero bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y ahora con el Ejecutivo conservador de Rajoy, unos recortes que han golpeado y mermado el Estado de bienestar en un país con más de 5,6 millones de desempleados, el 24% de la población activa.
Entre los funcionarios que se manifiestan apoyados cada vez por más personas de fuera del sector hay profesores, sanitarios y bomberos, pero también policías libres de servicio que alientan a los agentes desplegados en Madrid a unirse a ellos en las protestas. “¡Compañero, date la vuelta!”, gritaron ayer algunos cerca del Congreso de los Diputados que las autoridades mantienen blindado.
Hasta los militares dejaron públicamente patente su irritación con el gobierno. “Nuestra capacidad de aguante tiene un límite», señaló en un comunicado la Asociación Unificada de Militares Españoles. Dicen que han sido «pacientes, tolerantes, solidarios y firmes», pero que el Gobierno, con los últimos recortes, modificó las reglas del juego.
Por eso aseguran que darán su apoyo a “toda iniciativa ciudadana que plantee la defensa de unos derechos que nunca debimos perder”. Plantearán movilizaciones, añaden, a través de las manifestaciones que legalmente se convoquen desde las plataformas de funcionarios o ciudadanas.
