La Defensoría del Pueblo recibe diariamente un promedio de setenta y cinco denuncias por fallas en el servicio de telefonía celular, de esta cifra la mayor parte se reporta en Guayas y Pichincha, provincias que concentran la mayor cantidad de población en el país.
Uno de los últimos episodios por desperfectos en el servicio lo registró la operadora Claro, la semana pasada, dejando sin comunicación de telefonía ni internet a sus usuarios.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones aprobó el pasado 12 de julio el reglamento que protege a los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones y establece el correcto cumplimiento de los derechos ciudadanos.
La adopción del reglamento surge, precisamente, como respuesta a la serie de quejas de los usuarios sobre las fallas en el servicio y falta de transparencia por parte de las operadoras respecto a los planes, costo de las llamadas, entre otros. En Ecuador operan las empresas Telefónica, Claro y la estatal Alegro.
El reglamento contempla el principio de neutralidad de red, el derecho a la libertad de elección y contratación, de acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación sin restricciones; el derecho de transparencia de la información, de pagos justos por servicios contratados, a servicios de calidad, entre otros.
El ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, explicó que, por ejemplo, los usuarios deberán ser informados sobre los costos de las llamadas que realiza, así transparentar información sobre los saldos.
El principio de neutralidad prohíbe a los operadores y prestadores de servicios la practica de bloqueo de contenidos o aplicaciones, priorización de tráfico o degradación intencional de la calidad del servicio.
También prohíbe a los operadores cobrar a los abonados, clientes o usuarios tarifas adicionales para usar servicios Youtube, Skype, WhatsApp, entre otros.
Con la expedición del reglamento, Ecuador se constituye en uno de los primeros países a nivel mundial que adopta medidas en defensa de los derechos de los usuarios, destacó el ministro Guerrero.
La normativa establece también que los abonados puedan conocer en tiempo real, a través de tonos audibles, mensajes de texto (SMS) o correos electrónicos, cuando el operador aplique una tarifa distinta a la inicial, con el fin de advertir sobre cobros de tarifas diferentes (esto aplica para voz y datos).
Alexandra Banchón, delegada de la Defensoría del Pueblo, informó que los ciudadanos afectados pueden presentar sus denuncias en las 24 oficinas que la entidad estatal tiene en todo el país.
Expuso que la mayoría de quejas tienen que ver con renovaciones automáticas de planes de servicios, sin el consentimiento del usuario, debitos no autorizados, cambios en los planes de servicio, entre otros.
