El Juez Décimo Quinto de Garantías Penales, Freddy San Martín, acogió el pedido de la Fiscalía y vinculó a cuatro funcionarias del hospital Carlos Andrade Marín a la instrucción fiscal que investiga un presunto delito de apropiación ilícita en esa casa de salud.
Desde dicho hospital se hacían pagos millonarios sin respaldo a nombre de Germán Eduardo Pallo Nacimba (detenido), quien fungía como proveedor de aluminio y vidrio y supuestamente hacia trabajos para la entidad.
Las funcionarias vinculadas son: Hilda Jaqueline Sandoval Hinojosa, Magali del Carmen Guerra Zambrano, Nelly Cumandá Aulestia y Leonor Amparo Carbonell.
Según la Fiscalía, Jaqueline Sandoval Hinojosa y Magali del Carmen Guerra, fueron las mentalizadoras del perjuicio al fisco, en el momento se encuentran prófugas.
Mientras que a Nelly Cumandá Aulestia y Leonor Carbonell, quienes laboran en el área financiera, la Fiscalía las vincula ya que por su omisión permitieron que se cometa el delito.
En la audiencia también se vinculó a Juan Carlos Rivera Jarrín, quien presuntamente se encargaba de cobrar los cheques firmados por Pallo.
El fiscal que lleva el caso, José Miguel Jiménez, explicó que existen elementos de convicción suficientes que involucran a los procesados y advirtió que espera el informe de la Contraloría General del Estado para iniciar una investigación por el presunto delito de peculado.
El juez San Martín dictó prisión preventiva en contra de Hilda Jaqueline Sandoval y Magali del Carmen Guerra. Mientras que para los procesados Nelly Cumandá Aulestia, Leonor Carbonell y Juan Carlos Rivera, dispuso la prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado.
La denuncia por el perjuicio económico al Estado, la realizó la Coordinadora Nacional de Gestión de las Unidades Médicas del IESS, el 21 de junio, al descubrirse una red de corrupción que emitía boletines para pagos sin sustento.
Según datos preliminares el perjuicio superaría el monto de 1.3 millones de dólares.
