La Policía de Paraguay informó hoy de la detención de un presunto implicado en la matanza de once campesinos y seis policías durante una operación de desalojo realizada el día 15 pasado en una hacienda de Curuguat, al noreste de Asunción.
Se trata de Juan T., que fue arrestado por agentes de la división de Control de Automotores durante una inspección de rutina en una carretera en la ciudad de Ybycuí, en el departamento (provincia) de Paraguarí, centro-sur del país, informó a Efe el departamento de Relaciones Públicas de la Policía.
«él se encontraba en su motocicleta y no opuso resistencia a la hora de su detención», dijo a su vez el comisario Darío Aguayo, quien encabezó la operación, en conversación con la radio Primero de Marzo. Juan T. era buscado por las autoridades por su presunta participación, como francotirador, en el choque a tiros que se cobró la vida de 17 personas en la hacienda del conocido político y empresario Blas N. Riquelme, en Curuguat, 350 kilómetros al noreste de Asunción.
La Policía ingresó a esa finca el pasado día 15 con la intención de desalojar a un grupo de campesinos de grupos «sin tierras», pero se produjo un enfrentamiento a tiros en el que se registraron 17 muertes, alrededor de 20 heridos y medio centenar de detenidos.
Según las autoridades, varios de los campesinos se habrían dado a la fuga, camuflados en la vegetación de los montes de la zona, tras disparar contra los agentes.
Esa matanza fue el principal detonante del enjuiciamiento político promovido por el Congreso y que concluyó hace una semana con la destitución del presidente, Fernando Lugo, sustituido en el cargo por el vicepresidente del país, Federico Franco.
El Legislativo encontró a Lugo culpable de haber incurrido en «mal desempeño» en sus funciones en un proceso que duró treinta horas y que por los mecanismos empleados han motivado acusaciones contra los legisladores de haber promovido un «golpe de Estado parlamentario.
En Paraguay son constantes las invasiones de tierras por parte de grupos de «sin tierras» que acusan al Estado de haber entregado ilegalmente grandes extensiones de terrenos a latifundistas y productores agrícolas, principalmente durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).
Foto: El Comercio
