Marcos Zambrano Mendoza y Carlos Flores Barcia, jueces del Tribunal 6º de Manabí, quienes llevaban el juzgamiento de siete integrantes de la banda “Los Choneros” por el presunto delito de asesinato, fueron recusados del caso por presuntas irregularidades, informó ayer Diego Guarderas, subsecretario del Ministerio de Justicia.
La recusación de los dos judiciales se dio en horas de la tarde de ayer, luego de que el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, anunciara su solicitud de recusación de los jueces. El juez Jaime Tapia asumió la presidencia del Tribunal, mientras el Consejo de la Judicatura en Transición reemplaza a los recusados.
Chiriboga informó que se detectaron irregularidades durante el proceso. Aclaró que el pasado domingo llegaron a Manta para estar presentes en el juzgamiento de los acusados de asesinar a Jairon Carreño Mendoza, en mayo de 2001.
Sin embargo, en el receso de la diligencia se observó que Samara Rivera, compañera sentimental de Jorge Luis Zambrano, implicado y líder de la banda, se subió a un carro en compañía de los dos jueces.
Chiriboga señaló que el vehículo pertenece al juez Marco Zambrano y recalcó que Rivera mantiene conversaciones con los jueces.
Explicó que en los casos penales, las partes no pueden tener acercamientos con los jueces, pues afectaría la imparcialidad en el proceso.
Chiriboga indicó que sostener reuniones durante estas diligencias es violentar la ley, más aún en el juzgamiento de una organización considerada peligrosa por la Fiscalía y por la Policía de esa provincia.
Otro de los factores que pone en duda el trabajo de los funcionarios, es que días anteriores de que comenzara la audiencia, el mismo tribunal no convocara a Patricio García, alias “Rasquiña”, una de las personas importantes en este caso.
Sin su presencia, la audiencia corría el riesgo de no instalarse, y en su lugar convocó a otra persona que no está imputada en el proceso.
“Son elementos que ponen en situación de grave preocupación a la Fiscalía, pues estas cosas pueden provocar que la defensa pida la suspensión de la prisión preventiva”, señaló el fiscal, quien agregó que otro elemento que motivó a pedir la recusación, es una declaración que una persona relacionada al caso hizo en una notaría, lo cual es indebido porque ese tipo de despachos no tiene potestad para receptar una declaración, además, se constató que las firmas eran falsas.
Foto:El Telégrafo
