El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas declaró culpables del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas a cinco de los ocho procesados dentro del caso conocido como “Resurgir”.
Los jueces acogieron, por unanimidad, la acusación fiscal y condenaron a: Galo Carrera, ex comandante de Policía de Esmeraldas; Eduardo Enrique Cedeño Cortez; Carlos Muñoz Quiñonez; Celso Farnet Arroyo Mena y Juan Alberto Ríos Vega.
Fernando Otoya, presidente del Tribunal, indicó que las penas para cada procesado se darán a conocer por escrito en los próximos días.
En septiembre del 2011, en un operativo antidroga realizado en Tachina, Esmeraldas, fue desarticulada una banda de narcotráfico, presuntamente vinculada con cárteles mexicanos. Según las investigaciones, esa organización utilizaba de fachada una entidad de ayuda humanitaria denominada Fundación de Asistencia Social y Apadrinamiento en el Ecuador, (Fasae), para los envíos de droga hacia Europa y áfrica.
Ellos tenían autorización para remitir mercadería de ayuda humanitaria con destino a los dos continentes, pero camuflaban la actividad ilícita en exportaciones de mariscos.
Los agentes decomisaron una tonelada de clorhidrato de cocaína, más de USD 556,000 en efectivo; un cheque por 20 mil dólares y dos armas de fuego.
En esa operación fueron detenidos los ahora cinco sentenciados. Otras tres personas están prófugas: Crhistian Enrique Arana Vásquez, Gladys Cleotilde Vega ávila, y el mexicano Héctor de Jesús Ramírez Martínez, cuya extradición fue solicitada en febrero pasado.
Durante los nueve días de audiencia de juzgamiento, una serie de evidencias fueron presentadas por la Fiscalía y se receptaron los testimonios de más de 80 personas, entre civiles y policías.
El fiscal del caso, Ulises Rivadeneira, exhibió los peritajes realizados y los investigadores demostraron la vinculación de los ahora sentenciados, mediante informes que detallaron el cruce de llamadas telefónicas.
Además, el fiscal presentó el peritaje de los documentos que fueron incautados en la propiedad de uno de los sentenciados. De igual forma lo hizo el perito informático, quien presentó el análisis forense de discos duros decomisados en el proceso investigativo.
De esta manera el Ministerio Público «demostró la responsabilidad penal y la materialidad de la infracción en calidad de autores cómplices o encubridores», destaca un comunicado de la Fiscalía.
