La Comisión de Fiscalización de la Asamblea archivó la solicitud de juicio político presentada por la legisladora Nivea Vélez, en contra del ex ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, por presunto incumplimiento de funciones.
La moción de archivo la propuso el asambleísta de Alianza País, Christian Viteri, por cuanto en el expediente remitido a la Comisión no se demuestra, por parte de los proponentes del juicio, el incumplimiento de funciones de Espinosa.
Argumentó que lo que se hace es, más bien, procurar un juzgamiento de la política del Gobierno en materia laboral y, dentro de ella, del Decreto 813, que establece la posibilidad de aplicar la cesación de funciones de los servidores públicos mediante la compra de renuncia con indemnización.
Aseguró que en ningún caso se demuestra una acción u omisión directa por parte del ex funcionario que signifique violación constitucional o legal, peor aún, la trasgresión de convenios o tratados internacionales en materia de derechos laborales.
Por la moción se pronunciaron a favor los asambleístas Fernando Cáceres, Omar Juez, Lídice Larrea, Marllely Vásconez, Christian Viteri y Silvia Salgado.
Mientras que los legisladores Christian Garzón (Abdalá Bucaram), Franklin Purcachi (Galo Lara), Luis Morales, Alfredo Ortiz y Tomás Zavallos, votaron en contra.
En el amplio debate intervinieron 10 de los 11 integrantes del organismo, a más de la solicitante del juicio político Nivea Vélez y el asambleísta nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala.
Vélez, en la exposición de sus argumentos, subrayó que entre los justificativos para la aplicación de la compra de renuncias obligatorias se dijo que han salido del sector público los servidores corruptos y los ineficientes, sin embargo, hasta el momento no se han presentado las pruebas pertinentes, por lo que aparte de afectar el derecho al trabajo de estas personas, se ha afectado su derecho a la honra y al buen nombre.
Tras el debate, la presidenta del organismo parlamentario, Silvia Salgado, propuso que en la resolución se incluya un texto a través del cual, en el caso de aquellos funcionarios públicos a quienes se les haya aplicado la compra de renuncias y no se les haya pagado la respectiva indemnización, se les cancele inmediatamente, caso contrario, se los reintegre a sus puestos de trabajo.
Explicó que de esta manera se ejercerá presión sobre las autoridades para que cumplan con la obligación que han contraído y se solucione la situación por la que atraviesan decenas de ex servidores.
