El juzgado quinto Penal de Pichincha dictó la prohibición de salida del país y la presentación periódica de los veedores a los contratos de Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, con el Estado.
El juez Fabián Yánez (E) dio además el inicio de la instrucción fiscal del caso por un período de 90 días, acogiendo el pedido del Ministerio Público.
En la audiencia de formulación de cargos, Patricio Navarrete, fiscal que lleva la causa afirmó que Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hidalgo presentaron un informe de veeduría afirmando que el presidente del Ecuador, Rafael Correa, sí conocía de los contratos de su hermano con el Estado, el cual únicamente estuvo basado en información de prensa y del exministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Marum.»Los veedores cometieron falso testimonio y eso es un delito penal» afirmó.
Ramiro Román, abogado defensor negó los cargos y aseguró que el proceso se ha tornado político.
Los veedores acudieron la semana pasada a las embajadas de Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Gran Bretaña, para presentar las solicitudes de asilo político.
Sobre este pedido, Ramiro Román señaló que si alguno de estas delegaciones diplomáticas les concede el asilo, estudiarán el caso y dijo desconocer si los veedores se encuentran al momento en alguna embajada.
El primer mandatario ecuatoriano inició una demanda penal en contra de los veedores, acusándolos de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa en su informe como veedores de los millonarios contratos de Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa.
En el documento, los demandados afirmaron que los contratos ascendían a $ 657 millones, que hubo un perjuicio para el Estado de $ 140 millones, y que el presidente Correa sí conocía de los contratos, lo que motivó la querella por presunto falso testimonio y perjurio.
