El Gobierno español aprobó ayer la nueva reforma financiera, la segunda en tres meses, que busca sanear los activos de la banca española ligados al sector inmobiliario para disipar las dudas sobre su solvencia y recuperar la confianza de los mercados.
La manera de hacerlo tiene tres ámbitos: primero, obligando a los bancos a extraer de su estructura los activos inmobiliarios tóxicos, exigiendo fuertes provisiones de hasta un 52% por el crédito teóricamente sano, y apoyando con dinero público a las entidades que no puedan afrontar el saneamiento, a un tipo de interés del 10%.
Con ese objetivo, el Consejo de Ministros aprobó nuevas provisiones con las que los bancos deberán respaldar los créditos inmobiliarios buenos y que el ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró en 30.000 millones de euros.
Además, las entidades financieras deberán traspasar sus activos inmobiliarios problemáticos a unas sociedades especializadas y tendrán que hacerlo antes de que termine este año.
Las nuevas provisiones se suman a los 54.000 millones de euros exigidos en la anterior reforma de febrero, lo que eleva la cifra a 84.000 millones de euros que la banca española destinará para respaldar los créditos inmobiliarios.
Para las entidades que no puedan afrontar los nuevos requerimientos, el Ejecutivo prevé que el Estado, a través del organismo público Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueda inyectar capital mediante un sistema de acciones o de obligaciones convertibles.
La banca española se ha visto afectada por el derrumbe del sector de la construcción, que de 1995 a 2007 fue el gran motor que tiró de la economía española, pero que desde hace cuatro años no logra reactivarse y ha sido causa, entre otras consecuencias, de una enorme destrucción de puestos de trabajo.
Tanto la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el responsable económico, Luis de Guindos, incidieron en que las nuevas normas no supondrán coste para los contribuyentes ya que no implican ayudas públicas.
De Guindos subrayó que la devolución de los fondos inyectados exigirá el pago de un interés del 10% anual y calcula que pueden suponer menos de 15.000 millones.
Los créditos inmobiliarios en España sumaban a finales de 2011 la cifra de 310.000 millones de euros, de los cuales 184.000 se consideran problemáticos, según el ministro. “España afronta uno de los momentos más difíciles de su historia que hace necesario adoptar medidas para volver a crecer y crear empleo”, afirmó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al presentar la nueva reforma en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
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