Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, integrantes de la veeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa con el Estado, se acercaron la mañana de este viernes hasta al Embajada de Costa Rica, en Quito, para pedir asilo político.
Los cuatro mantuvieron una reunión con el embajador para formalizar el pedido y entregar documentación para sustentar el mismo.
Ellos argumentan una supuesta persecución del Gobierno y faltas de garantías en el proceso planteado en su contra. «Frente a la falta absoluta de garantías y frente a la falta absoluta de capacidad de defendernos se ha decidido pedir asilo político el día de hoy en un gobierno amigo», dijo más temprano a la prensa Chambers, ex coordinador de la veeduría.
«Ojalá podamos lograr que se nos reciba en otro país, donde tengamos la capacidad de hablar y por lo menos decir lo que pensamos», añadió.
De su lado, Gerardo Portillo dijo que no pedirán asilo para sus familiares.
Tras abandonar la embajada, los ex miembros de la veeduría indicaron que realizarán la misma gestión por otras legaciones diplómaticas, entre ellas Inglaterra.
La audiencia de formulación de cargos en este caso denominado «Gran Hermano» está prevista para el próximo 17 de mayo, en el Juzgado Quinto de lo Penal de Pichincha. Dijeron temer que se dicte la prisión preventiva en su contra.
