Ecuador otorgó el lunes pasado concesiones a tres consorcios petroleros privados para reactivar tres yacimientos pequeños con los que pretende aumentar la producción de crudo en 15.000 barriles por día.
Los campos, parte de bloques situados en Sucumbíos y Orellana, cuentan con reservas de 18 millones de barriles y con los contratos el Estado se embolsará 496 millones de dólares, calculados como valor presente neto, informó el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, tras la firma de los convenios.
Su vigencia es de 20 años y las compañías se comprometieron a invertir inicialmente algo más de 130 millones de dólares. “Espero que en forma inmediata se pongan a trabajar, pues esperamos una producción cercana a los 15.000 barriles por día que tanto necesita el país”, se esperanzó Pástor, quien explicó que ese nivel de bombeo se alcanzará en 2 ó 3 años. Ecuador produce 500.000 barriles de crudo al día actualmente.
En noviembre pasado siete empresas pasaron adelante en la licitación de cuatro campos “marginales”, como se conoce a los que tienen baja producción, y el lunes pasado Pástor anunció a los ganadores de tres de esos yacimientos, al tiempo que informó de que quedó desierta la concesión de Armadillo.
El consorcio Interpec, integrado por la colombiana Empresa Integral de Servicios Técnicos (70%) y la ecuatoriana Pecs (30%), se quedó con el campo Ocano-Peña Blanca.
El campo Eno-Ron fue para el consorcio Marañón, de las empresas Pecs (40%), la Empresa Integral de Servicios Técnicos (30%) y Construcciones Futura (30%), explicó Pástor, quien no informó de la nacionalidad de las compañías.
Operará el campo Singue el consorcio DGC, integrado por Dygoil (60%) y la estadounidense Gente Oil (40%). El Estado pagará a las empresas en promedio 34 dólares por barril de crudo extraído.
Aunque actualmente no existe bombeo en esos campos, sí tuvieron producción previa, apuntó Germán Avila, gerente de Pecs, quien dijo que dependiendo de los resultados de los estudios sísmicos la inversión podría aumentar.
Según los contratos, las empresas realizarán esos estudios en 250 kilómetros cuadrados de terreno y abrirán 15 pozos, explicó Pástor.
El campo más delicado en términos ambientales es Armadillo, por su cercanía al Parque Natural Yasuní, uno de los sitios más biodiversos del planeta.
A juicio de organizaciones indígenas y ecologistas las operaciones en Armadillo pueden amenazar a las dos últimas tribus en aislamiento voluntario de Ecuador, de las que hay señales de su presencia allí.
Ante esas quejas, Pástor anunció el año pasado que se realizará un plan específico de conducta para trabajar en ese campo, el cual pasará ahora a manos de la estatal Petroamazonas, que hará estudios previos al inicio de las operaciones durante este año.
El ministro Pástor también informó que entre mayo y septiembre el Gobierno realizará una “consulta previa” entre las comunidades afectadas por los 21 nuevos bloques petroleros que pretende abrir en el suroriente del país.
Pronosticó que en octubre o septiembre comenzará la licitación y que a mediados del próximo año se firmarán los contratos.
Las comunidades indígenas de la zona rechazan la entrada de las petroleras a sus tierras, pero el Gobierno explica que los recursos servirán para el desarrollo nacional.
