«Como representante de la ciudadanía, demando que todo cargo de responsabilidad, como lo es mi papel de Consejera, y el rol de los veedores, deben estar sometidos al escrutinio público y legal», exhortó ayer lunes Mónica Banegas, Consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Las veedurías son un mecanismo de participación que está en un proceso sostenido de legitimación por parte de los ciudadanos; por ello no deben ser utilizadas como mecanismo de posición y oposición política porque el trabajo perdería credibilidad, al no ser usado para beneficiar a la ciudadanía, sino para obtener réditos personales.
Según la Consejera, la veeduría, creada para vigilar la transparencia en la terminación de los contratos entre el Ing. Fabricio Correa y el Estado, incumplió con algunos puntos del Reglamento al tomar decisiones de forma unilateral.
Por ejemplo, intencionalmente le restaron competencia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) al entregar el Informe a la Contraloría. Es necesario saber que la veeduría cambió su objeto y extralimitó su ámbito de acción; incumplió con el cronograma de trabajo, no presentó informes parciales y los veedores no actuaron de forma objetiva.
El informe final está firmado únicamente por el coordinador de la veeduría y no por la mayoría de veedores; y finalmente, los veedores no actuaron de forma imparcial y transparente en las funciones de vigilancia y control social dentro de la veeduría, al evidenciar conflictos de intereses.
En su opinión, la propuesta del proyecto de Ley de Inmunidad para Veedores, realizada por el Asambleísta Andrés Páez, carece de sustento jurídico porque va en contra de la norma Constitucional y tiene como trasfondo intereses y acciones desde posturas políticas electorales.
Mónica Banegas sostiene que “no se está limitando la capacidad de los ciudadanos de participar en la vigilancia y control social, pero es necesario aclarar que las veedurías no se deben respaldar en la mal llamada amnistía o en la inmunidad para convertirse en botín político”.
La política electoral no debe empañar el rol de la Veedurías o los resultados de las mismas para afectar a terceros y favorecer sus intereses. “La participación ciudadana no está para crear conflictos a los gobiernos, pero tampoco para ser pasiva; está para ser critica y construir democracia”, concluyó.
