Según la reflexión de los legisladores, la decisión obedece a que la iniciativa del Ejecutivo busca “proteger a quienes han adquirido su primera vivienda y si no pueden pagar, que se extinga la deuda entregando el bien y no haya persecución”, anotó Velasco.
El asambleísta Ramiro Terán (MPD) indicó que la intención es apoyar a los migrantes que se endeudaron en otros países para que “no pierdan sus bienes adquiridos en Ecuador”. Además obliga al sistema financiero privado a “ganar moderadamente” en la entrega de créditos para vivienda.
Sin embargo, Velasco recalcó que los cambios al proyecto son principalmente de forma, pero entre las propuestas del sector financiero privado acogidas por la comisión está que la ley no sea retroactiva.
Por sugerencia del legislador Juan Carlos Cassinelli, también, se resolvió que sea una hipoteca abierta, es decir, que mientras esté vigente el préstamo, el deudor esté en capacidad de hacer remodelaciones u adecuaciones a su vivienda.
Para dejar en firme esa propuesta, el artículo 2 del proyecto señala que los contratos de mutuo que se suscriban para un crédito hipotecario no podrán contener fianzas o garantías solidarias.
Tampoco podrán suscribirse pagarés u otros documentos de obligación autónomos en respaldo a la deuda. Según Cassinelli, con ese artículo queda aclarado el tipo de hipoteca que se garantiza.
Adicionalmente, quedó definido en 500 salarios mínimos vitales ($ 146 mil) el monto máximo para que un crédito hipotecario se ajuste a estas garantías, siempre que el solicitante adquiera su primera vivienda. El primer debate se realizaría el próximo martes.
