En la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en contra de los hermanos William y Roberto Isaías por el delito de peculado bancario, varios informes sirvieron de fundamento para el fallo del juez.
Entre los argumentos considerados se concluye que, de acuerdo a un informe de auditoría interna, hubo un manejo irregular y fraudulento de Filanbanco S.A. en 1998, pues el dinero de las captaciones y ahorro de los depositantes se invirtió en los créditos otorgados a empresas accionistas del banco, que en esos momentos eran alrededor de 500, las mismas que no cancelaron dichos préstamos.
Es decir, según el documento, hubo una disposición arbitraria de los fondos de Filanbanco en beneficio de sus accionistas principales, los mismos que fueron sentenciados por la Corte Nacional a ocho años de prisión. El feriado bancario y la quiebra de la entidad financiera fueron catalogados como hechos que causaron alarma social.
Según el jurista César Albán Pozo, ese término recoge lo ocurrido en 1999 como resultado de la crisis bancaria, que desató la toma de decisiones en contra de la propia existencia de muchas de las personas que perdieron los ahorros de su vida.
Albán menciona que el suicidio fue la respuesta al no poder enfrentar la estafa de los banqueros. “La crisis los sumió en una depresión colectiva incontrolable”, recordó el jurista. Un hecho calificado bajo el término de “alarma social”, resume la conmoción que tal acontecimiento provocó en el Estado ecuatoriano, no solo en lo económico, sino en lo anímico, que generó la desconfianza de la ciudadanía en los bancos, el Gobierno y la justicia, que provocó un clima de inestabilidad.
Con respecto a una posible extradición de los hermanos Isaías, Albán indica que el pedido debe realizarlo la CNJ, el cual será canalizado a través de la cancillería, para que lo solicite al país respectivo. Otra de las pruebas es el incumplimiento del banco cuando ingresó al plan de reestructuración y se le prohibió a la entidad la entrega de nuevos créditos.
Consecuentemente, se incumplieron las condiciones del programa de liquidez otorgados por el Banco Central (BCE), cuando entregó dinero del Estado para fines específicos, que consistían en que Filanbanco devuelva los depósitos a sus clientes y cubra las cartas de crédito pendientes en el exterior.
Sin embargo, se comprobó que el dinero del BCE fue utilizado en beneficio propio. A inicios de 1998 la cuenta de “Inversiones Varias” de Filanbanco ascendía a 107’324.726,81 dólares y para septiembre llegó a 137 millones, y al 1 de diciembre bajó a 82 millones y al 2 de diciembre del mismo año era de apenas 7,2 millones, un hecho ilegal, según la sentencia de la CNJ.
