14 de un total de 26 universidades calificadas en la categoría E por el desaparecido Consejo Nacional de Educación y Acreditación fueron clausuradas, luego de que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) presentara un informe en el que determinó que las instituciones tenían que ser cerradas de forma definitiva.
Desde la medianoche del miércoles, autoridades del Consejo de Educación Superior (CES) acudieron con resguardo policial a los centros de instrucción para clausurar las instalaciones, poniendo un sello impreso con la frase: «Suspendida por falta de calidad académica».
El informe se presentó en la Asamblea Nacional ante los miembros del CES. René Ramírez, secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), asegura que la medida no busca perjudicar a los estudiantes y que más bien se trata de corregir los problemas que han presentado las instituciones con mala categoría.
«Hay que poner un alto al fraude académico, que es una estafa a la ilusión de los padres de familia y de muchos estudiantes», señaló.
De acuerdo con el informe del CES, de los 38.000 estudiantes que estudiaban en esas universidades, 10.000 se encontraban cursando el último año, y estos últimos podrán terminar sus carreras en las entidades cerradas, solo que ahora la administración será asumida por funcionarios delegados por el CES.
El resto de alumnos será acogido en otras instituciones superiores, donde se crearán carreras que se ajusten a los cursos que ya habían comenzado o se incorporarán a carreras vigentes.
Guillaume Long, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), informó que durante 18 meses se auditó a las 26 universidades de «categoría E», según dijo, las de peor calidad, mediante el estudio de sus cuentas y de su estructura financiera, y la toma de un examen a los alumnos.
El CES estima que 24.000 estudiantes han obtenido títulos en estas instituciones, en cuyo rol de pago aparecen 3.260 investigadores y 959 funcionarios administrativos.
Ramírez aseguró que 3.968 alumnos serán ubicados en institutos de carreras vigentes; 15.000 continuarán sus estudios en institutos especiales creados exclusivamente para que culminen su carrera; y 9.000 estudiantes de los primeros años tendrán que reiniciar sus estudios en otros centros educativos.
La medida generó el rechazo inmediato de estudiantes, docentes y personal administrativo de dos de las instituciones educativas cerradas.
Desde las primeras horas de la mañana los estudiantes de la Universidad Tecnológica América (Unita) y de la Universidad Autónoma de Quito (UNAQ) se autoconvocaron para exigir que no se cierren las instalaciones.
Al mediodía, un piquete de policías desalojó a los alumnos, pero inmediatamente después el grupo se movilizó por la vía del Trolebús hasta llegar a la Plaza Grande.
Carlos Carrillo, rector de la Unita, aseguró que el centro académico ha realizado los correctivos necesarios desde que la Ceaaces inició la auditoría, por lo que no considera justa la disposición.
Similar situación se registró en las instalaciones de la Universidad Cristiana Latinoamericana (UCL). En días pasados, cinco estudiantes de la institución recibieron un diploma de reconocimiento por haber obtenido buen puntaje dentro de una evaluación que se tomó en marzo pasado. No obstante, Long aseguró que esta universidad fue una de las que registró bajo rendimiento.
Ciertos padres también se mostraron preocupados y se acercaron hasta las instituciones cerradas. Una de ellas fue Delia Espinosa, cuyo hijo se encuentra cursando el séptimo nivel. “¿Si nos quedamos sin esa universidad dónde vamos a ir? Hay otras universidades privadas, pero son caras”, comentó.
Ramírez advirtió que los estudiantes de universidades clausuradas que pasen a otras instituciones privadas seguirán pagando lo mismo que abonaron en diciembre del año pasado.
Long indicó que habrá una evaluación especial para la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas y que ésta se tomará después de un año y que será de carácter intercultural.
Luis Sarango, su rector, se mostró satisfecho con la medida y agregó que se va a crear un plan de trabajo para realizar los correctivos pertinentes. “Esto nos permite exponer la cosmovisión indígena”, dijo.
