El juicio seguido por la presunta venta ilegal de terrenos al sur de Quito concluyó -en primera instancia- con el dictamen condenatorio en contra de Jaime Fernando Iza Chanatasig. El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha sentenció al procesado a cuatro años de prisión y ordenó el pago de una multa de 856 dólares.
La resolución fue notificada a las partes, la mañana de ayer, luego de una semana de realizada la audiencia de juzgamiento por el delito de estafa. Evadiendo ordenanzas municipales, Iza lotizó y comercializó terrenos a más de 4.000 familias en 10 barrios de la capital.
El proceso judicial empezó en 2006 con la denuncia de los habitantes del barrio la Pampa II, quienes lo acusaron de no entregarles los papeles de propiedad de los predios a pesar de que habían cancelado el valor total.
Poco a poco aumentaron las denuncias de moradores de otros barrios, como la Pampa I y III, San Juan de Turubamba, El Dorado, Las Cumbres, La Garzota, Terrazas de Guajaló, entre otros, quienes manifestaron que Iza, a más de venderles la tierra, los obligaba a firmar un contrato de 5.000 dólares para instalar los servicios básicos, como agua, luz y alcantarillado (proyectos que nunca se cumplieron).
En algunos barrios recién hace dos años hubo agua potable. Antes se abastecían de la lluvia y con tanqueros. Mientras que en otros sectores no había alcantarillado, sino pozos sépticos.
Estas denuncias permitieron al Municipio de Quito iniciar un proceso penal en contra de Iza. Desde que comenzó el juicio, los afectados se reunían diariamente, en los exteriores de la Corte de Justicia, para pedir justicia a los miembros de la entidad.
Testimonios acusatorios
Fueron 40 las personas que rindieron sus testimonios durante la audiencia de juzgamiento. Las versiones no solo tenían relación con el engaño, sino también con los vejámenes de los que fueron víctimas, pues a través de amenazas de muerte, golpizas propinadas a dirigentes barriale y advertencias de derrumbar las viviendas, Iza atemorizaba a los afectados para impedir que denunciaran los hechos.
Iza también tiene en su contra procesos administrativos iniciados en el Municipio y la Comisaría de Construcción, que le impuso una multa de 17’000.000 de dólares.
En la sentencia, los miembros del tribunal establecen que engañó con ofertas ilegales a personas que necesitan vivienda propia.
Ernesto Guarderas, procurador del Municipio de Quito, indicó que las autoridades municipales considerarán la “expropiación especial” para entregar los terrenos de manera legal a los afectados.
Según la ley, Iza puede apelar la sentencia en tres instancias más, sin embargo, Guarderas confía en la ratificación de la resolución en cualquier otra diligencia.
