Hoy en Londres se llevará a cabo la última audiencia procesal en el arbitraje planteado por la compañía Occidental Exploration Company (OXY) en contra del Estado ecuatoriano, por la declaratoria de caducidad del contrato de participación para la exploración y explotación del Bloque 15, dictada el 15 de mayo de 2006.
Oxy reclama el pago de 3.200 millones de dólares supuestos daños ocasionados por el gobierno.
En archivos encontrados en el diario Hoy, se halló que antes de que se tomara la decisión de la caducidad del contrato, la empresa había propuesto una transacción, posibilidad que, según el procurador del Estado de ese entonces (2006), José María Borja, se hallaba autorizada por las normas jurídicas vigentes; sin embargo, Petroecuador rechazó la negociación propuesta por la Oxy, “por ser contraria a la ley”.
Diego García Carrión, Procurador General del Estado, sostiene que “el Estado ecuatoriano ratificará en esta audiencia, lo que ha sostenido a lo largo de todo el proceso, esto es que no tiene ningún tipo de responsabilidad internacional por la declaratoria de caducidad del contrato petrolero del Bloque 15 y espera en justicia que el Tribunal rechace la demanda presentada por la compañía.”
La audiencia, que fue fijada por el Tribunal el 23 de febrero pasado, se desarrolla dentro de un procedimiento arbitral bajo las reglas del convenio CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
El objetivo de la comparecencia es que tanto el Estado ecuatoriano como la petrolera presenten sus argumentos respecto de los efectos producidos por la falta de autorización para la cesión de derechos sobre el contrato, en la que incurrió la compañía y que fue causal para que el entonces Ministerio de Energía y Minas, en aplicación de la Ley, declarara la caducidad del contrato con OXY.
Esta será la última audiencia a celebrarse en este proceso, luego de lo cual el Tribunal ha anunciado el cierre del procedimiento, como paso previo para la emisión del laudo respectivo.
En otros temas, la Procuraduría General del Estado (PGE) reclama a la CIDH por desmejorar la imagen del estado ecuatoriano a través de la publicación de de un boletín de prensa en su página web con opción a hacerse público.
En dicho comunicado se indica que en la reunión pactada entre Ecuador y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para discutir temas referentes a medidas cautelares sin precisar casos, se afirma que representantes del Estado Ecuatoriano optaron por hacer referencias a la medida cautelar y el caso relacionados con el diario El Universo a pesar de haberse especificado que no habría referencias particulares.
A partir de esto, Carrión explica que, “es inaceptable que la CIDH opte por pronunciarse respecto de la actuación de un Estado a través de comunicados de prensa, mecanismo que afecta a la defensa del Estado y su imagen internacional”.
