Fiscalía acusa a una mujer de ser ejecutora de estafa masiva

El ansiado “sueño americano” que cientos de personas persiguen para mejorar su estatus socioeconómico y el de sus familias fue truncado a unas 200 personas en Guayaquil, al verse perjudicadas por una supuesta estafa cometida por Cristina Pamela Contreras Moreira en complicidad con su esposo, Juan Carlos Ortega Martínez, alias “Porky”.
El denominado programa de Lotería de Visas, que el Departamento de Estado de EE.UU. ejecuta anualmente con extranjeros interesados en radicarse en ese país, era el mecanismo que la pareja utilizaba para captar la atención de los incautos y hacerse de ingentes sumas de dinero para emprender el supuesto trámite.
Según las investigaciones fiscales, la mujer se hacía pasar como funcionaria del Consulado de Estados Unidos en Guayaquil y de esa manera hacía creer a los interesados que podía inscribirlos en el programa Lotería de Visas.
El fiscal de la Unidad de Administración Pública, Juan Martínez, indicó que el delito se cometió entre los años 2003 y 2008, y que durante ese período la pareja se apoderó de cerca de un millón de dólares.
César Martínez Andrade, uno de los perjudicados, denunció que le entregó a Contreras la cantidad de 103.600 dólares con la esperanza de obtener la visa, tanto para él como para su núcleo familiar.
La farsa de la procesada estaba bien estructurada que organizaba eventos falsos, como el envío de los aspirantes -supuestamente con la orden del Consulado norteamericano- a un laboratorio clínico para que se aplicaran las vacunas necesarias y se realizarn los exámenes médicos, como parte de los requisitos para postularse al programa.
La mujer, adoptaba el nombre de Verónica Lab y acudía con anterioridad hasta el centro médico Servivaccines, ubicado frente al Policentro, donde entregaba un listado de las personas que debían ser vacunadas por orden del Consulado, junto con cheques de personas naturales para cubrir las cuentas.
Ronald Murgueitio, otro de los perjudicados, con 6.000 dólares, relató que alguna vez le preguntó a la encargada del laboratorio que de dónde venían las órdenes y ella respondió que del Consulado.
Sin embargo, ese dato nunca fue verificado, puesto que no había facturas emitidas al organismo. En resumen, dedujo Murgueitio, se trató de una persona cualquiera (Contreras) que se hizo pasar por funcionaria del Consulado y le indicó al centro de vacunación a quiénes vacunar, es decir, la mujer pagó cada sesión de vacunas y análisis con cheques de ella, de su esposo o parientes para que esas citas sean mensuales, de ese modo, concluyó, ponía una pantalla perfecta mediante la cual los mantenía engañados.
Como detalle importante, Murguetio señaló que ese proceso duró cerca de dos años y se pregunta: ¿a quiénes facturaba el centro de vacunación? ¿cómo constaba en sus libros contables? ¿cómo declaraban los impuestos? “Hay muchas cosas que ya no son importantes para mí, pero sí quiero exhortar a las personas que han sido víctimas de esta mujer a que presenten las denuncias en la Fiscalía y tengan una participación activa en el proceso”, indicó el indignado hombre.
El mismo petitorio hizo el representante de la Fiscalía, quien informó que la pareja fue detenida el 14 de noviembre de 2008, a través de una boleta emitida por el juez Décimo Noveno de Garantías Penales del Guayas, Reynaldo Cevallos, quien dictó auto de llamamiento a juicio contra ellos y 14 personas más, entre ellas, Cecilia Martínez y Norma Zavala, quienes, según testimonio de varias personas afectadas, siempre estaban presentes en las negociaciones que realizaba Contreras.
Los testigos afirman que la principal implicada las presentaba como suegra y cuñada, siempre creando un ambiente familiar para no levantar sospechas entre los aspirantes.
En tanto, el Consulado, a través de un oficio que consta en el proceso, informó que Contreras nunca trabajó en la entidad ni guarda ninguna relación con ellos.
El fiscal explicó que la Segunda Sala de lo Penal del Guayas, integrada por Eduardo Guerrero, David Ayala y Primo Díaz, por voto de mayoría (Guerrero y Ayala), declaró la nulidad del proceso por una presunta violación al derecho a la defensa, quedando todos en libertad el 18 de noviembre de 2008.
No obstante, por acuciosidad de la Fiscalía reabre el caso y dicta instrucción fiscal, es así que se encuentra investigando para avanzar con el juzgamiento de los responsables. Hasta el momento Contreras figura como la única procesada.
Con ello el pasado 20 de enero, el Juzgado Décimo Cuarto de Garantías Penales del Guayas dictó orden de prisión preventiva contra la procesada, quien está prófuga.
En los registros de la Dirección de Migración se conoció que Contreras salió del país, vía terrestre por Huaquillas, el 23 de noviembre de 2008, y actualmente es requerida por las autoridades que esperan juzgarla por el presunto delito de estafa migratoria, cuya sanción, según el Código de Procedimiento Penal, es de hasta 6 años de reclusión.
“Esto ocurría en cadena, puesto que cuando ella convencía a una persona, ésta a la vez recomendaba a sus familiares y ellos a los demás. Ella siempre decía que se debía tener reservas en el tema, porque era una oportunidad excepcional la que nos brindaba”, relataron las hermanas Silvia y Jessica Fernández López, otras de las afectadas con cerca de 10.000 dólares.
Al fiscal Martínez le pareció interesante la forma como la señora Contreras concretaba los depósitos, pues algunos de ellos, al inicio, se hacían en sus propias cuentas personales, pero otros, en las de familiares y de amigos, de tal manera que algunos de los estafados involucraban a otras personas que, incluso, también fueron engañadas, porque pedía que le prestaran la cuenta, argumentando que le tenían que depositar un dinero para un negocio y de esa manera no verse involucrada directamente como beneficiaria de la cuenta.
El fiscal manifestó que la gran cantidad de dinero que recibía Contreras la percibía a través de cuentas bancarias, aunque hay versiones de víctimas que le habían entregado personalmente, como el caso de Carmen Vásquez, quien asegura que le dio 6.000 dólares en efectivo en la vivienda de la procesada, ubicada en la ciudadela Polaris, donde funcionaba un gabinete de belleza.