Mauricio Peña, titular de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), decidió dar por terminados dos convenios con Intercontinental de Materiales Compañía Anónima IMC C.A., proveedora de 1,2 millones de chalecos de seguridad reflectivos y de 600.000 placas para motocicletas, luego de confirmarse su mala calidad.
Los contratos con IMC fueron suscritos cuando Ricardo Antón Khairala dirigía la ex Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Cntttsv), ahora llamada Agencia Nacional de Tránsito.
La decisión de Peña se produce luego de que la Contraloría, tras una auditoría, habría detectado anomalías en la adquisición de 1,2 millones de chalecos de seguridad reflectivos, por los que el ex Cntttsv pagó 9,7 millones de dólares, en dos contratos, así como 6,4 millones de dólares por 600.000 placas para motocicletas. Ambos contratos se firmaron entre enero de 2010 y mediados de 2011.
El informe de auditoría, que habría sido remitido a la Fiscalía para que se investigue mediante una indagación previa, señalaría que Antón habría suscrito los dos convenios con IMC, pese a que no hubo un estudio técnico anterior que estableciera la cifra de usuarios ni la calidad de chalecos y placas requeridos.
Además, los auditores habrían detectado que IMC no reunía la capacidad legal para suscribir los contratos. Supuestamente se descubrió una subcontratación prohibida cuando IMC contactó a la empresa Take Business Importation & Exportation Cía. Ltda.; y se verificó que los chalecos y placas fueron elaborados por las compañías chinas Zhejiang Yinguang Reflecting y Zhejian Holy Technology, de lo cual Take Business no demostró ser representante o vendedor autorizado en Ecuador de esas firmas.
IMC recibió un pago inicial, pero el monto no fue revelado ayer a la prensa por Peña. Lo único que resaltó fue: “En función de la mala calidad, voy a tomar decisiones respecto a ese contrato con el fin de finiquitarlo… He decidido no pagar esos chalecos porque no reúnen las condiciones adecuadas”, dijo ayer el titular de la ANT a un medio local.
Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con otro contrato, también cuestionado en el supuesto informe, relacionado con la instalación de 69.960 GPS a vehículos de transporte de pasajeros y de carga del país, cuyo supuesto objetivo era tratar de reducir los índices de accidentes de tránsito, mediante el monitoreo en tiempo real de estos automotores.
Para ello, supuestamente se destinó, en la administración de Antón, 26,3 millones de dólares a la adquisición de centrales de monitoreo y para inslatar GPS en los buses de pasajeros y transporte de carga. En la licitación habrían participado el Consorcio Recarauto, Consorcio Raptor y Technology Equinoccial Teccial, y ganó el segundo de los citados.
La firma del contrato se formalizó el 15 de junio de 2011, entre Antón y el representante legal de Raptor.
Esta empresa, al parecer, no acreditaba experiencia en contratación con alguna dependencia del sector público; es decir no tenía experiencia de al menos cinco años en la venta, instalación y prestación de servicios de equipos GPS; no presentó certificación como proveedora, emitida por compañías calificadoras.
El incumplimiento de cada uno de estos aspectos era causal para rechazar su oferta, esto, al parecer, no habría sido considerado.
En cuanto a este tema, Peña precisó: “Creo que hay que separar, tengo la obligación de poner en funcionamiento instrumentos por los cuales ya pagó, incluso, la ANT. Los informes que tenemos son que los GPS entregados a la empresa Raptor reúnen más allá de las condiciones técnicas que establece el contrato”. Una fuente cercana a Ricardo Antón dijo que éste se pronunciará cuando tenga el documento oficial.
