El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) lideró una investigación sobre los casos de abuso sexual denunciados por tres alumnas de los establecimientos 13 de Octubre y Amazonas, en contra de sus maestros. Los casos, ocurridos en Manabí, están judicializados.
El problema fue analizado por el Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura de Transición, los cuales han llegado a una resolución para precautelar la integridad de los menores de edad. Sara Oviedo, secretaria Ejecutiva de la CNNA, se refiere a la situación.
¿Qué medidas se han tomado en contra de los docentes que han agredido sexualmente a las estudiantes?
Los sumarios administrativos se iniciaron el 3 de enero pasado y se aplicaron varias sanciones. Para ambos casos se realizaron investigaciones en la Fiscalía de Manabí y la Junta de la Niñez dispuso medidas de protección.
¿Qué sanciones se acordaron para las autoridades de los colegios Amazonas y 13 de Octubre? Esto porque
-supuestamente- los docentes seguían laborando en las instituciones educativas…
En el caso del colegio Amazonas, del cantón Chone, para el profesor Carlos Enrique Muñoz se puso fin a su contrato. En cuanto a los docentes del colegio 13 de Octubre, a José Pedro Aráuz Bravo se lo excluyó de culpa porque no se presentaron los denunciantes a la declaración, a pesar de haber sido convocados.
Sin embargo, se contempló una sanción para el vicerrector Félix Ignacio, con una suspensión sin sueldo de 70 días. Además hubo una sanción al rector Ignacio Santana Alcívar, quien dejó ingresar al colegio a los docentes denunciados. A él se le sancionó con una suspensión de 30 días, sin derecho a sueldo.
¿Cuál es la situación actual de las estudiantes?
Las Juntas de Protección de la Niñez dispusieron medidas de amparo para las adolescentes, mientras que la Fiscalía les dio resguardo policial a las estudiantes del colegio 13 de Octubre. En cambio, los familiares de la alumna del colegio Amazonas decidieron mudarse de la ciudad, pero la Junta les dará un debido acompañamiento.
¿Ellas se encuentran en el programa de Protección a Víctimas y Testigos?
Así es. La Fiscalía se ha encargado de dar el acompañamiento de cada uno de los casos.
¿Qué tan recurrentes son los casos de abuso sexual en el Ecuador?
Las cifras son preocupantes. Según las denuncias receptadas por la Policía Nacional, en 2005 se reportaron 336 casos de delitos sexuales contra menores de edad y en el 2010 la cifra llegó a 3.466. Aunque hay que reconocer que existe un sobrerregistro de cifras porque no se han unificado estadísticas con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.
¿Cómo evalúa los casos de agresión en los planteles educativos?
También son alarmantes. En 2010, un 36% de menores de entre 5 y 17 años recibió maltrato por bajar en sus notas; 10% fue víctima de golpes; 12% tuvo castigos como haber sido excluidos de gozar del recreo y un 7% ha sido víctima de insultos o burlas.
Dentro de las resoluciones sostenidas se acordó solicitar la revisión del Reglamento y el Plan de Erradicación de Delitos Sexuales en el Sistema Educativo. ¿Qué contempla esa revisión y en cuánto tiempo se llevaría a cabo?
El Plan ha sido relanzado, pero no ha existido una auténtica implementación. Y es necesario replantearlo y difundirlo a nivel nacional.
¿A partir de estas denuncias se estudia la posibilidad de fortalecer las clases de educación sexual en los centros educativos?
Ese tema está relegado en los centros educativos. Hace poco estuve en una escuela en la parroquia San Andrés, cerca de Riobamba, en donde los alumnos me dijeron que hace tres meses no reciben charlas de educación sexual.
Es importante abordar ese tema porque así los estudiantes conocerán cómo proteger su pudor, pero en los planteles no hay profesores, ni el espacio, a pesar de que así lo establece la Ley de Educación Intercultural, aprobada en el 2010.
Uno de los planteamientos fue dar respuestas más ágiles a los casos de agresión. ¿Cómo se puede cumplir ese objetivo?
Como primer paso se han creado compromisos con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. El personal de ambas instituciones deberá presionar a las autoridades para que haya una sanción en contra de los agresores si se demuestra su culpabilidad.
Pero esa labor no será aislada, ya que se planificarán trabajos internos con los establecimientos educativos a través de charlas, las cuales también incluirán a los maestros y padres de familia. Es necesario que la gente conozca de este problema, solo así se podrá prevenir los casos de abuso.
¿Cuáles son los compromisos del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado para que estos casos no sean recurrentes?
Tanto el Consejo de la Judicatura como la Fiscalía se han comprometido a dar prioridad a estos temas a través de la resolución del Pleno del Consejo, con el cual se estableció que los jueces y fiscales tienen tiempos establecidos para resolver los casos, además de crear mecanismos de seguimiento y que los jueces actúen prolijamente.
¿Cuáles son los mecanismos orientados a detectar los casos de agresión sexual?
Hemos planificado ejecutar un gran operativo. Primero se hará el seguimiento de los casos y de ser necesario se visitará a los jueces y fiscales para ejercer presión y que agiliten las denuncias.
También está previsto levantar informes sobre la situación del acoso sexual en el sistema educativo, con sus respectivas propuestas. Después se elaborará una Ruta de Protección entre los actores y ubicar dónde inicia el trabajo, por ejemplo, de las Juntas Cantonales, de la Fiscalía, del Ministerio de Educación…
