Los ocho países suramericanos que pertenecen a la cuenca amazónica trabajarán de forma conjunta para erradicar la minería ilegal, a través de la cooperación y el intercambio de experiencias, resolvieron el miércoles en la segunda reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
La cita celebrada en Lima contó con la participación de los ministros y viceministros del Ambiente de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
El ministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal, explicó que se tratará de un grupo «especializado» con el objetivo de «poner de relieve el problema en foros globales», como la cumbre de desarrollo sostenible Rio+20, que se celebrará entre el 20 y 22 de junio en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
Pulgar Vidal comentó que la minería ilegal «es una dificultad y complejidad común en la cuenca amazónica, que no es nueva y tiene muchos años con situaciones vinculadas a dragas y contaminación de ríos por sustancias tóxicas desprendidas de esa actividad».
El titular peruano consideró este acuerdo como «un avance importantísimo» y auguró que este conjunto de países alcanzará su meta «en equipo» porque «el aprendizaje a partir de las experiencias resulta saludable y efectivo».
«Gran parte del problema se origina en el precio de los metales, que llega a una fuerte presión, por lo que la mejor forma de combatir la minería ilegal es con políticas que fortalezcan la capacidad de los habitantes amazónicos de superar sus problemas de pobreza», añadió.
Para ello, puso como ejemplo el tipo de «estrategias que desarrolla Ecuador, al mantener el hidrocarburo en el subsuelo, a cambio de una compensación en función de la rentabilidad de ese petróleo».
Pulgar Vidal deseó que la cumbre Rio+20 incluya en su agenda el reconocimiento de estas «estrategias de combate hacia la minería ilegal» porque, a su juicio, «será fundamental en su búsqueda de la economía verde o ecológica».
La declaración de la reunión ministerial de Lima también incluye el compromiso de «concretar acciones para reducir la deforestación, reforzar los mecanismos institucionales con los pueblos indígenas, gestionar los recursos hídricos para garantizar el derecho al agua e implementar la seguridad alimentaria y el turismo sostenible».
La decisión tomada en Perú llega dos días después de que los mineros «informales» de la región selvática Madre de Dios, en el sur del país, suspendieran sus protestas tras llegar a un «buen acuerdo» con el Gobierno peruano sobre su regularización.
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