La embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, anunció hoy la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento jurídico para los ciudadanos de su país residentes en España afectados por las deudas hipotecarias y los desahucios derivados de su ejecución.
Este programa piloto lanzado por el Gobierno ecuatoriano corre a cargo de un equipo de abogados especializados en temas migratorios e hipotecarios que se encargarán de informar a los ecuatorianos de forma gratuita en las cuatro provincias españolas con mayor presencia de estos inmigrantes: Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia.
En estas zonas viven 268.894 de los 360.710 ecuatorianos que residen en España, y a ellos, sobre todo a los que han sufrido o corren riesgo de sufrir un desahucio, va dirigida esta iniciativa en la que participa el bufete de abogados «Cooperativa Kinema», que cuenta asimismo con expertos en asistencia psicológica.
Se trata de remitir «un mensaje de solidaridad y apoyo» y de mostrar que en el Gobierno ecuatoriano «somos sensibles ante estos problemas», explicó Buenaño en la rueda de prensa en que se presentó hoy el plan.
Según la embajadora, entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos (según las diversas fuentes) se han podido ver afectados en los últimos tres años por las ejecuciones hipotecarias; en toda España han sido 150.000 las medidas de este tipo adoptadas en ese periodo.
Miles de personas afectadas por la grave crisis económica que sufre España, muchas de ellas ecuatorianas, han perdido sus viviendas al no poder pagar los plazos de la hipoteca en el plazo previsto y además se han visto obligadas a seguir pagando la deuda del inmueble una vez desahuciados.
«En estos momentos lo más importante es plantear que existe un problema de derechos humanos», explicó en la rueda de prensa el abogado Rafael Mayoral, coordinador del equipo jurídico que prestará su consejo en materia hipotecaria a la colectividad ecuatoriana.
El abogado subrayó que «hay una cuestión fuera de duda», cuando se producen los impagos de las hipotecas por los inmigrantes ecuatorianos «es porque no pueden (pagar), no porque no quieran».
Este letrado, que trabaja con la comunidad ecuatoriana desde 2008, subrayó que en muchos casos se produce «una situación de indefensión ante los procedimientos de ejecución hipotecaria» y los ejecutados «no son debidamente informados» por las autoridades judiciales.
Uno de los objetivos del servicio es poner a disposición de los afectados toda la información existente sobre otros casos similares al suyo, de forma que con esa experiencia se puedan conocer mejor los derechos propios, «con un efecto multiplicador», explicó Mayoral.
«Es importante que los afectados sepan que son parte de la solución y que tienen que hacer valer sus derechos», agregó.
Según Mayoral, el servicio de asesoramiento jurídico también permitirá hacer una «prospección» del problema para ver cuál es su dimensión real, ya que el desconocimiento actual lleva a ese baile de cifras, entre 8.000 y 15.000, de posibles afectados.
Según los datos suministrados hoy por la Embajada de Ecuador, en España residen 378.762 ciudadanos censados de ese país sudamericano y otros 30.363 son familiares de ciudadanos comunitarios, con cifras de junio de 2011.
De ellos, más de 36.000 recibían la prestación por desempleo en esa misma época y más de 47.000 eran demandantes de empleo en España, donde el paro alcanza ya al 22,85 por ciento de la población.
La mayor parte de los afectados por los desahucios son precisamente personas que no pudieron afrontar el pago de su vivienda tras perder su empleo.
