La Procuraduría de Ecuador, que representa al país en litigios internacionales, expresó hoy su desacuerdo con la decisión de un tribunal arbitral de declararse competente para juzgar la demanda de la petrolera estadounidense Chevron en un caso sobre contaminación en la Amazonía.
Durante el proceso, la Procuraduría ha insistido en que ese tribunal no debería tener jurisdicción, en parte porque supone una aplicación retroactiva del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos.
Ese acuerdo entró en vigencia en 1997, según la Procuraduría, mientras que el contrato de operaciones de Texaco, que posteriormente fue adquirida por Chevron, terminó en 1992.
«Estamos en desacuerdo con la decisión del Tribunal Arbitral que, equivocadamente, ha aceptado los argumentos de las compañías Chevron-Texaco para asumir competencia», dijo en un comunicado Diego García Carrión, procurador general de Ecuador.
El funcionario criticó que ese tribunal afirme su jurisdicción «sobre una disputa en la que la República del Ecuador no es parte y, más grave aun, para actuar como un tribunal que puede revisar las sentencias dictadas por el sistema judicial ecuatoriano».
Dos cortes ecuatorianas han condenado a Chevron a pagar más de 18.000 millones de dólares por los daños a la Amazonía causados a su juicio por Texaco de 1964 a 1990, y el caso está ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia.
Chevron se acogió en 2009 al Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, con el argumento de que el país andino violó ese convenio y el derecho internacional, tras lo cual se convocó el tribunal arbitral.
En un comunicado emitido hoy la empresa acusó al Gobierno ecuatoriano de intentar «beneficiarse injustamente» del juicio por daños medioambientales.
Hewitt Pate, vicepresidente de la petrolera, dijo que la decisión del panel de aceptar el arbitraje le permitirá a la compañía «hacer a Ecuador responsable del fraude cometido a través de su sistema judicial en el caso».
El tribunal arbitral ordenó a Ecuador el pasado 17 de febrero que impidiera la ejecución del fallo contra Chevron, con lo que reiteró un dictamen ya emitido en 2011.
No obstante, la Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, donde se ha litigado el caso, rechazó ese pedido.
«Un simple laudo arbitral, aunque resulte vinculante para Ecuador no puede obligar a sus jueces a violentar derechos humanos de nuestros ciudadanos», dijo la Corte.
