Al menos 28 plantas de beneficios, que son lugares donde se procesan los materiales que se extraen de las minas, ubicadas en los distritos mineros de Zaruma y Portovelo (provincia de El Oro), fueron clausuradas por operar de forma ilegal y sin licencia del Ministerio del Ambiente.
La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, explicó a la Agencia Andes que en estas plantas se realiza la molienda de los materiales que provienen de las minas para la obtención de minerales como oro, plata y cobre. En este proceso se utilizan químicos que generan contaminación ambiental cuando no son manipulados de forma adecuada, pero sobre todo perjudica la salud de los trabajadores.
Además, por lo general, estas improvisadas plantas descargan los residuos a los ríos, sin ningún tipo de tratamiento, por lo cual en esta región existe un alto nivel de contaminación por metales pesados en los ríos Galera y Amarillo.
El operativo se extendió en más de una docena de comunidades mineras de Zaruma, Portovelo y Piñas donde al menos 17 plantas no contaban con un título minero que les permita realizar la actividad por lo cual son consideradas ilegales.
Según la ministra, el operativo se realizó de forma pacífica, no existieron enfrentamientos. En el mismo participaron la Policía Nacional, Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero y autoridades locales.
Además, indicó que estos controles se intensificarán porque en los distritos de Zaruma y Portovelo vencieron los plazos para regularizarse. “En estos lugares se colocaron sellos de clausura y cierre de las plantas. Paralelo a esto la Fiscalía inició investigaciones para detectar posibles delitos ambientales”, señaló la Ministra.
Indicó que la mayor cantidad de plantas se acogieron a la regularización. “Muchas se encuentran en fase final de obtención de sus permisos, pues presentaron sus estudios de impacto ambiental y sus planes de manejo”.
El gobierno nacional, desde hace varios meses, inició la regularización del sector minero ecuatoriano. La disposición del Ejecutivo es “cero tolerancia a la minería ilegal, inicio de acciones judiciales pertinentes en caso de delito ambiental, por lo cual estos operativos continuarán en todas las provincias con actividad minera ilegal”, concluyó.
