El salón lleno. Los expositores listos y preparados: apuntes, diapositivas y una selección de los artículos más relevantes del proyecto sirvieron para sustentar sus argumentos. El foro: “Una Ley de Comunicación Democrática”.
Ocurrió la noche del martes y congregó a los rostros más representativos de la academia y la prensa.
En el auditorio de la Flacso, el legislador Mauro Andino captó la atención de los presentes. Su intención era informar los alcances del proyecto y descubrir hasta dónde los medios dijeron la verdad.
Con la presentación del documento empezó el debate en torno a libertad de expresión y opinión, responsabilidad ulterior, reserva de la fuente, secreto profesional, profesionalización de los comunicadores y sus derechos laborales, y la conformación y atribuciones del Consejo de Regulación.
Enseguida salió al paso Janeth Hinostroza, productora del programa 30 Minutos Plus, para plantear, entre otros temas, su preocupación frente a la ambigüedad del artículo referente al derecho a la réplica, la regulación a las plataformas tecnológicas que -a su criterio- restringiría el uso de las redes sociales y el impedimento para utilizar imágenes o videos sin la autorización de los implicados en una investigación periodística. Y destacó, como aportes positivos del proyecto, el fomento de la producción nacional y el derecho a la reserva de la fuente.
Su intervención topó algunos de los “nudos críticos” del documento que polarizó a la ciudadanía. Los murmullos entre los asistentes se sintieron de inmediato. ¿Y es que nadie se atrevería a expresarlo públicamente?
Luego vino el turno del académico Mauro Cerbino, quien calificó como un “avance” para el país el contar con una Ley de Comunicación. Y topó un segundo tema álgido: la reversión al Estado de las frecuencias ilegalmente concesionadas y su redistribución, un planteamiento que se ganó el aplauso de los presentes. También negó que en el cuerpo legal se fragüe la posibilidad de clausurar medios, controlar contenidos y peor aún restringir el acceso a las redes sociales.
La experiencia en el oficio la plasmó Miguel Rivadeneira, director de Ecuadoradio, quien reconoce que la aprobación del proyecto es un mandato constitucional, pero su preocupación rebasa a la Asamblea y se fija en la posible objeción.
“Hay dos experiencias en donde el veto presidencial modificó los consensos entre asambleístas”, alertó. Y, basado en su experiencia como docente universitario, recalcó que no defiende la profesionalización, un pronunciamiento que le cambió la cara a más de uno en la sala.
Tras una hora de discursos, Andino no dejaba de tomar nota. El público, en cambio, empezó a retirarse. Aparentemente, los ponentes no aportaron más de lo que ya sabían.
Y empezaron los cuestionamientos de Julio Echeverría, docente de la Universidad Central, quien quería conocer la metodología con la que se construyó el proyecto que, según él, apunta a vigilar y castigar a los periodistas.
El ambiente ya estaba fragmentado. Eran evidentes, entre el público, los gestos de apoyo y rechazo a determinados artículos de la ley. Y fue el turno del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, un defensor del documento que por 30 meses se ha empeñado en debatir. Su pedido fue claro: “Antes de pedir el archivo de la ley, revisen el articulado”.
Precisó que el espíritu del proyecto es garantizar el derecho ciudadano a la comunicación y establecer reglas claras para el bien común, pues recordó que en el pasado “algunos entraron de diputados y salieron de radiodifusores”. Los aplausos no se hicieron esperar.
Sentados, junto al parlante, estaban los periodistas. Unos pendientes de filmar cada detalle y otros esperando algún “desliz” que les dé el titular del siguiente día. “Yo no defiendo al medio, solo mi trabajo”, era el sentir común, pero cada quien llegó con una misión a la cobertura.
