La proclama 3447 con la que el entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, formalizó el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, cumple este viernes 50 años, lejos de su objetivo de frustrar la gestión de la Revolución isleña y con un unánime repudio de la comunidad internacional.
El 3 de febrero de 1962 Kennedy decretó la Proclama 3447, que de alguna manera hizo más visible una política de hostigamiento que EEUU ya venía llevando a la práctica desde el triunfo mismo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
La excusa inicial fue replicar las expropiaciones que las flamantes autoridades isleñas dispusieron sobre bienes y empresas estadounidenses.
Nueve administraciones, republicanas y demócratas, mantuvieron y hasta agudizaron la medida, que Washington se empeña en llamar “embargo” y limitar a una cuestión bilateral.
Desde la ruptura unilateral de las relaciones, el 3 enero de 1961, la política de enfrentamiento de las autoridades estadounidenses había tenido su punto más alto en abril de ese mismo año, con el frustrado intento de invasión con el desembarco en Playa Girón.
El bloqueo generó ya un daño económico que las autoridades de la isla estiman en 975 mil millones de dólares, si se tiene en cuenta la depreciación del dólar frente al oro.
Entre Playa Girón y la oficialización del bloqueo, Washington logró con presiones y chantajes, el 31 de enero de 1962, la exclusión de Cuba de la OEA, durante la 8va. Reunión de Consulta del organismo, realizada en la uruguaya Punta del Este.
Esa exclusión buscó ser reparada en el 2009 en San Pedro Sula, Honduras, donde se dejó sin efecto la resolución de 1962 con la idea de “reparar una injusticia histórica” y propiciar “una reivindicación al pueblo de Cuba y a los pueblos de América”.
La Habana, con todo, comunicó que no volvería al organismo, a la que consideró “una organización con un papel y una trayectoria que repudia”. Pero esta historia es demasiado reciente.
En 1962, apenas un día después de dispuesto el bloqueo, el 4 de febrero, más de un millón de personas -la mayor concurrencia pública efectuada en la isla hasta ese momento-, vitoreó y aplaudió el célebre documento titulado Segunda Declaración de La Habana.
La Declaración denunciaba no solo la maniobra agresiva contra Cuba y el grado de dependencia de otros países latinoamericanos, sino también “la esencia de la dominación estadounidense y la explotación y miseria de millones de hijos de Nuestra América”.
La proclama 3447 formalizaba una decisión que, en los hechos, regía ya al menos desde el 4 de septiembre de 1961, cuando el Congreso autorizó el cese de todo comercio con la isla.
Varios años después de establecido el embargo y pese a las sucesivas votaciones en la ONU en contra de la medida, Estados Unidos endureció las cosas con la llamada Ley Torricelli -promulgada en 1992 por George Bush-, que cercenó el comercio de medicinas y alimentos cubanos con las subsidiarias de compañías estadounidenses con base en terceros países.
Unos años después, en 1996, la presidencia de William Clinton agudizó el embargo al poner en vigor la Ley Helms-Burton, que establecía que empresas no estadounidenses podían ser sometidas a represalias legales y sus representantes impedido de entrar a EEUU si comerciaban con Cuba.
Desde hace 20 años, la Asamblea General de la ONU vota en forma consecutiva una condena al embargo. De aquella primera votación en 1992, que terminó con 59 votos a favor de la condena, 3 en contra y 71 abstenciones, se llegó a la del año pasado, cuando los números fueron, respectivamente, 186, 2 y 3.
Los dos votos en contra fueron los de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Islas Marshall, Micronesia y Palau, lo que, parece claro, habla del repudio que genera en el mundo la sanción de estas características más extensa en la historia moderna.
