La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó ayer un paquete de recomendaciones para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales fueron criticadas por organizaciones no gubernamentales como debilitadoras para el organismo, y especialmente para la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión.
Las recomendaciones, elaboradas por un grupo de trabajo creado por la propia OEA y que no son vinculantes, fueron aprobadas ayer por consenso por los 34 países miembros en el primer Consejo Permanente del año celebrado por el organismo.
El Consejo Permanente de la OEA adoptó las recomendaciones después de que el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, cuestionara en diciembre “grandes distorsiones” del organismo y de la Relatoría de la Libertad de Expresión, a la cual acusó de estar sesgada porque “está financiada en un 80% por Estados Unidos y la Unión Europea (UE)”.
La Relatoría sobre la Libertad de Expresión, encabezada por la colombiana Catalina Botero, ha emitido varios comunicados de prensa sobre Ecuador desde que la CIDH celebró el año pasado una audiencia sobre la libertad de expresión la cual giró alrededor del juicio que Correa inició en contra del ex editor de opinión y tres directivos del diario El Universo. Los acusados fueron sentenciados a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares.
Las recomendaciones adoptadas, entre otras cosas, pide igualar el financiamiento de todas las relatorías de la OEA, dado que la Relatoría para la Libertad de Expresión tiene más del triple de recursos que las demás y su gasto es el doble.
También señalan que el informe anual de la relatoría, donde se evalúa la libertad de expresión de los 35 países que son parte del sistema, se integre al informe anual de la CIDH. Es decir, que sea un capítulo más del reporte del organismo y no un informe por separado, como se hace actualmente.
El grupo de trabajo también aconseja crear un “código de conducta” para evitar que los observadores lleguen a limitar los dictámenes de la CIDH y de sus relatorías en contra de los estados en situaciones de violación de los derechos humanos.
Una coalición de más de 60 organizaciones no gubernamentales criticó que algunas de las reformas aprobadas fueron incluidas en el debate “a última hora y sin posibilidad de participación de la sociedad civil”.
Al respecto, varios países miembros de la OEA negaron ayer que las recomendaciones del grupo busquen limitar la autonomía e independencia de la CIDH y de su Relatoría para la Libertad de Expresión.
Durante su intervención en la asamblea, la embajadora de Ecuador ante la OEA, María Isabel Salvador, destacó que la propuesta apunta a fortalecer el CIDH y abogó para que se apruebe y realice un seguimiento sobre el trabajo de la relatoría.
“Todas las recomendaciones deben ser interpretadas en el sentido de fortalecer la labor de la CIDH y no debilitarla”, explicó el embajador de Panamá, Guillermo Cochez.
El embajador de Colombia, Luis Alfonso Hoyos, subrayó que las sugerencias del grupo de trabajo “son positivas” y “ninguna puede ser interpretada como restricción”.
