El negro fue el color que marcó a los principales sitios de internet del planeta. Wikipedia, Facebook, Google, WordPress, Paypal, Firefox, AOL, Twitter, eBay, Linkedln y al menos 10.000 portales de internet colgaron en sus portadas avisos de protesta a la ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y la PIPA (Protect IP Act).
Las normativas está en Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero la posibilidad de que se aprueben parece alejarse ante la falta de apoyo, de los congresistas e incluso de la Casa Blanca, que este sábado se pronunció en contra.
Desde Sillicon Valley se alzó la voz de protesta y las principales marcas tecnológicas han cuestionado la utilidad de esta la normativa que regule los contenidos en internet.
La empresa más poderosa del mundo en Internet por número de usuarios e ingresos publicitarios, Google, dijo que la aprobación de las leyes antipiratería son legislaciones que corresponden más a naciones con regímenes opresores y no a países con democracias plenas como lo es la de Estados Unidos.
En su blog oficial, Google sostuvo también que SOPA y PIPA afectarán directamente al mercado laboral de de las firmas relacionadas con la industria de Internet, además de que afectaría la innovación en este campo, donde Estados Unidos es puntero con empresas como Apple, Facebook, Microsoft y Google.
“Estos proyectos de ley otorgarían nuevos poderes a la policía para filtrar la Internet y bloquear el acceso a herramientas. Sabemos por experiencia que estos poderes se encuentran en la lista de deseos de los regímenes opresivos”, señaló.“SOPA y PIPA permitirían que las empresas estadounidenses bloqueen el acceso, cierren sus servicios y abandonen EE.UU.. Estos proyectos de ley permitirán más fácilmente demandar a las empresas que sí respetan las leyes”, destacó el buscador en su blog oficial.
El presidente de Facebook, Marck Zuckerberg, publicó en su perfil que su red social está en contra a la normativa reguladora.
«Facebook se opone a la SOPA y la PIPA, y continuaremos oponiéndonos a todas aquellas leyes que puedan perjudicar internet», aseguró el joven empresario estadounidense.
Marck Zuckerberg sostuvo que «internet es la herramienta más poderosa para crear un mundo más abierto y conectado» y no se puede permitir, en su opinión, que salgan adelante leyes que vayan en contra del desarrollo de la internet.
«Imagina un mundo sin conocimiento libre. Durante una década, hemos empleado millones de horas construyendo la mayor enciclopedia de la historia de la humanidad. Ahora el Congreso de EE.UU. considera una ley que podría dañar la libertad de Internet. Durante 24 horas, para crear conciencia, Wikipedia estará en negro», dice la enciclopedia en su sitio web en inglés.
Otras webs, como el servicio de anuncios Craigslist, abren su portal con una pantalla en negro que dirige al usuario a la página principal al cabo de varios segundos.
El proyecto SOPA obligaría a los motores de búsqueda, proveedores de dominios y empresas de publicidad estadounidenses a bloquear los servicios de cualquier página web que esté bajo investigación del Departamento de Justicia estadounidense por haber publicado material bajo derechos de autor y se encuentre en cualquier lugar.
La normativa ha suscitado el temor de que queden bloqueadas páginas legítimas en las que los usuarios comparten contenidos.
Los fundadores de los grandes sitios de Internet remitieron hace unos días una carta al Congreso en la que argumentaron que la SOPA «va a crear un ambiente de miedo e incertidumbre tremendo para la innovación tecnológica, y perjudica la credibilidad de EE.UU. en su papel como administrador de la infraestructura de claves de Internet».
Pero el “blackout” armado por miles de sitios web no amilanaron al impulsor del proyecto de ley Sopa, el congresista republicano Lamar Smith. “No se encuentra muerta, solo congelada porque se reanudará en el mes de febrero”, dijo.
Según Smith, el retraso en la votación definitiva del proyecto de ley se debe a conflictos de calendario de los legisladores y no a diferencias de opinión sobre la normativa. De esta manera descartó que se tratara de una concesión de los congresistas ante la presión mediática que se ha creado al rededor de la normativa.
