El Gobierno de Rafael Correa aspira a mantener con el nuevo ejecutivo conservador español los mismos vínculos y las relaciones económicas, culturales y políticas que existían con los socialistas, según dijo este miércoles la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño.
La representante diplomática, que ayer presentó sus cartas credenciales, dijo también que la grave situación por la que atraviesan miles de inmigrantes ecuatorianos en España, desempleados y atrapados por hipotecas que no pueden pagar, estará en el centro de su tareas diplomática.
«Siempre deseamos, es nuestra aspiración mantener las mejores relaciones con los gobiernos españoles, independientemente de su ideología, porque sabemos que hay situaciones de mutuo interés», señaló.
«Hay más de medio millón de ecuatorianos en España, 11.000 españoles viven en Ecuador y tenemos empresas comerciales comunes, importaciones y exportaciones, son relaciones que hay que cuidar, además de que a España la tenemos en el corazón», dijo Buenaño.
Subrayó que «España es un socio estratégico y tenemos una relación constante, y por ello trataremos de mantener esos lazos fraternales».
La embajadora dijo que espera reunirse próximamente con el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, para pedirle el apoyo de España a la permanencia de Ecuador entre los países acogidos a las ventajas del Sistema General de Preferencias de la Unión Europea, que actualmente se encuentra en proceso de redefinición.
También desea recordar al Gobierno español el compromiso asumido de seguir apoyando el proyecto medioambiental Yasuní con un nuevo aporte de cinco millones de euros, a pesar de los previsibles recortes en la cooperación exterior española por la crisis.
Acerca de la situación de la numerosa colonia ecuatoriana en España, la embajadora manifestó que «los dos principales problemas que tienen son las hipotecas y el desempleo, problemas que, por otra parte, aquejan también a la población española, pero consideramos que nuestros inmigrantes están en una situación de especial vulnerabilidad» por estar lejos de su país.
Aunque no existen aún datos definitivos, se calcula que son entre 5.000 y 8.000 los afectados ecuatorianos por el impago de sus hipotecas y que podrían estar en peligro de ser desahuciados.
«El Gobierno de Ecuador, por intermedio de su cancillería, está recogiendo los datos y empleando todos los organismos a su alcance para ver cómo ayudarles, para hacer una especie de auditoría social de estos créditos hipotecarios», señaló la representante diplomática.
Para ello, la Embajada ha firmado un convenio de asesoría jurídica con el Defensor del Pueblo en Ecuador para prestar asistencia jurídica a sus inmigrantes.
«Va a durar 3 o 4 meses, para evaluar la situación y ver qué mecanismos podemos implementar, y para luego poder hablar de Gobierno a Gobierno», señaló.
En la Asamblea de Ecuador «está en proceso de análisis y va a ser debatida» una iniciativa para que no pueda ser trasladada a una entidad ecuatoriana la deuda que contraen estos emigrantes con los bancos españoles, a pesar de haber entregado sus pisos.
En cuanto al desempleo, Buenaño señaló que la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), impulsa en España «proyectos de emprendimiento para ayudar a los inmigrantes», además del plan «Bienvenido a casa» para los que deseen retornar a Ecuador.
Desde que comenzó la crisis en 2008, han regresado a Ecuador gracias a ese plan 15.000 emigrantes, mientras que otros 9.000 lo han hecho a través del Plan Retorno facilitado por el Gobierno español.
