En 2006 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en representación del Estado ecuatoriano, empezó a negociar la renovación del contrato de concesión de la telefonía móvil, vigente desde noviembre de 1993, a favor de las operadoras Otecel y Conecel para un período de 15 años (hasta 2008).
Para ese momento, las dos operadoras contaban con más de 8 millones de abonados y sus ingresos eran millonarios, consolidándose como uno de los negocios más rentables en el país, pues el Estado recibió apenas $ 106 millones por la concesión en 1996, cuando se renegoció el contrato original.
El 23 de noviembre pasado, El Telégrafo publicó un informe sobre la renegociación de 1996, bajo el título “Tres medios participaron en negocio que perjudicó al Estado en $ 4.000 millones”, un modelo que pretendía repetirse en 2006, cuando el Conatel, presidido por Juan Carlos Solines, calculó en apenas $ 60 millones el valor a retribuir al Estado por la renovación de la concesión hasta 2023.
Sobre el tema, en una entrevista otorgada a una radio de la capital, Solines aseguró que no existe ningún dato nuevo en dicha investigación periodística, porque todos los datos ya se conocían. Entonces, ¿por qué no denunció el perjuicio?
En una carta dirigida a esta Redacción, el ex funcionario calificó de “falsas, irresponsables y poco profesionales” a las dos publicaciones realizadas por este Diario sobre el tema, en el que se revelaba que las operadoras móviles Otecel y Conecel percibieron más de $ 7.500 millones de ingresos entre 1993 y 2008, frente a los $ 106 millones que pagaron al Estado por prestar el servicio.
Los archivos también dan cuenta de la intención del Conatel por mantener las ventajas de las operadoras móviles sobre los usuarios, pues en aquel momento el techo tarifario era de 50 centavos el minuto, un monto establecido en 1993 cuando el negocio apenas arrancaba, y que se mantuvo vigente hasta 2008.
Durante la negociación, Solines expresó ante los demás miembros del Conatel su desacuerdo con el pedido de modificar los techos tarifarios, porque “en un régimen de libre competencia no hay razón para hacerlo”, pues a su criterio solo una Ley de Competencias, inexistente en Ecuador, podría regular el tema.
Otro aspecto que se pretendía incorporar al nuevo contrato era el “equilibrio económico”, una figura mediante la cual las operadoras podrían recuperar sus gastos a través del cobro de nuevas tarifas a los usuarios.
Esas fueron algunas de las “condiciones” que el Gobierno de Rafael Correa, apenas posesionado, identificó como desventajas para el Estado y resolvió suspender la negociación hasta 2008, cuando se concretó la renovación bajo nuevas condiciones: Conecel pagó de contado $ 289 millones y Otecel, en dos partes, cubrió $ 90 millones, con un aporte adicional que cada operadora debe pagar al Estado equivalente al 3,93% de su facturación anual, con lo que el aporte total hasta 2023 bordearía los $ 1.200 millones, es decir, 20 veces más de lo que pretendía cobrar el Conatel, bajo la administración de Solines.
El ex funcionario califica a la investigación de El Telégrafo como “periodismo irresponsable” y exige su derecho a la réplica, a pesar de que se le solicitó formalmente una entrevista, la cual aceptó y después no confirmó. Y por el contrario, prefirió acudir a otros medios de comunicación a exponer su versión, en la que asegura que se intenta afectar su imagen por defender la libertad de expresión.
De hecho, la carta que se publica, íntegra, en esta misma página revela lo que hemos defendido: no quiso responder a este diario, pues supone que ya estaba todo armado. ¿Entonces íbamos a esperar que él “cambiara” los documentos para modificar el reportaje? Nuestra investigación se basa en documentos que Solines no ha podido refutar.
Además, Solines supone, inexplicablemente, que la publicación lo único que busca es frenar su carrera política, pues el titular con el que se explica la nota de una negociación pasada lo menciona en calidad de presidente del Conatel.
Como abogado, no como político, Solines sabe que el presidente de una entidad es el representante legal y da la cara de sus acciones y ejecuciones.
