En enero de 2011, el presidente ecuatoriano Rafael Correa decidió convocar a un referéndum y consulta popular, cuya finalidad era conseguir el respaldo ciudadano para reformar el sistema de justicia, penalizar el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación a la seguridad social.
Además, la consulta planteaba restricciones para que banqueros y dueños de medios tuvieran acciones fuera de su ámbito, y ordenaba dictar una ley de comunicación que regule los contenidos explícitamente sexuales y violentos difundidos por los medios.
El proceso electoral se realizó el 7 de mayo, pero los resultados oficiales fueron proclamados dos meses y cinco días después. El retraso se debió a la serie de recursos de impugnación y apelación presentados por activistas políticos de oposición.
De los 11’158 376 ecuatorianos registrados, 8’634 376 sufragaron, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Una de las primeras acciones, una vez oficializados los resultados, fue la disolución del antiguo Consejo de la Judicatura y la inmediata designación de los integrantes (uno por el Ejecutivo, uno por el Legislativo y uno por la Función de Transparencia y Control Social).
Con el nuevo Consejo empezó la tarea de restructuración de la justicia con el llamado a evaluaciones y el desembolso de recursos para mejorar la estructura de la Función Judicial, entre otros.
El gobierno dispuso, además, un plazo para el cierre de casinos y salas dedicadas a los juegos de azar.
Otras reformas, como la penalización del enriquecimiento privado no justificado y la elaboración de la ley de Comunicación deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa con el carácter de mandato constitucional.
Las cifras
En la pregunta número uno, sobre la caducidad de la prisión preventiva fue aprobada con 4’357 105 votos a favor y 3’356 545.
La segunda, sobre las medidas sustitutivas a la privación de la libertad obtuvo 4’167 893 votos a favor y 3’525 832 en contra.
La pregunta tres, sobre la prohibición para que los banqueros y dueños de medios tengan participación accionaria fuera de su ámbito de actividades fue aprobada con 4’074 307 y fue rechazada por 3’616 589.
La pregunta cuatro, sobre la sustitución de actual Consejo de la Judicatura por uno temporal recibió 3’984 723 votos a favor y 3’674 727 votos en contra.
La pregunta cinco sobre la modificación en la composición del Consejo de la Judicatura fue aprobada con 4’029 458 y fue rechazada por 3’622 646 votantes.
La pregunta seis que penaliza el enriquecimiento privado no justificado obtuvo 4’023 533 votos a favor y 3’507 168 votos en contra.
El tema siete, que pregunta si está de acuerdo con prohibir los juegos de azar,tuvo 3’951 787 votos a favor y 3’599 093 en contra.
3’882 379 ecuatorianos estuvieron de acuerdo con la creación de una ley de comunicación que regule los contenidos explícitamente sexuales y violentos de los medios de comunicación. 3’630 263 se opusieron a esta propuesta.
Mientras que la propuesta de penalizar la no afiliación a la seguridad social fue apoyada por 4’146 640 votantes y rechazada por 3’388 807 sufragantes.
