El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, presentó su juramento deferido, dentro del proceso judicial que sigue contra los autores del libro El Gran Hermano, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristhian Zurita.
El mandatario reiteró bajo juramento ante María Mercedes Portilla, jueza Quinta de lo Civil, que él no conocía sobre los contratos que su hermano, el empresario Fabricio Correa, había suscrito con el estado, contrario a lo que sostienen Calderón y Zurita en su libro y como lo han reiterado en diferentes entrevistas de prensa.
En declaraciones a periodistas, Correa recordó que en diferentes ocasiones ha pedido a los acusados que rectifiquen, pero por soberbia y prepotencia, lejos de rectificar publicaron más libros, “como diciéndole al presidente: para que aprenda quién manda en este país”.
Subrayó que no se juzga a los autores del libro por el hecho de ser periodistas sino por haber irrogado un daño, por haber ofendido, calumniado, infamado”.
“Si esto (las calumnias) lo hubieran hecho dos bomberos voluntarios por su mentira tendrían la misma reacción, dentro del marco de la ley, con todo el derecho que nos asiste (…) todos defendemos la libertad de expresión nadie puede defender la libertad, al menos acompañada de impunidad, para mentir, difamar e injuriar. Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes”, sostuvo.
Correa indicó que, pese a que el estado de derecho establece la presunción de inocencia, los autores del libro y su abogado insisten en que es el mandatario el que tiene que probar lo que ellos sostienen.
Sostuvo que Calderón y Zurita ahora tratan de eludir su responsabilidad endilgandole a Fabricio Correa la afirmación respecto a que el presidente sí conocía sobre sus contratos.
Para derrumbar esa afirmación, el mandatario reseñó que en la página 199 del citado libro se afirma: “dos compañías de papel compradas en Guayaquil, pero constituidas en el exterior, cobijan las inversiones nacionales de Fabricio Correa. 3 de las empresas que están bajo ese paraguas ejecutan contratos públicos en petróleo, vialidad y riego por más de 80 millones de dólares. El presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano“.
“Ahora dicen que no han dicho nada, hasta la cobardía para aceptar su responsabilidad. Lo único que se pidió -imperativo legal ético y constitucional- es que corrijan esta infamia, en lugar de eso publicaron miles de libros más. Estamos respondiendo con la justicia en la mano”, mencionó.
El gobernante instó a dejar de usar la calumnia y la injuria como arma política, o “para satisfacer el odio de ciertos medios y periodistas, o para vender un poco más de libros”.
