El diario El Telégrafo, a través de su Unidad de Investigación, reveló que durante el Gobierno de Sixto Durán Ballén, tres medios privados participaron en un negocio que perjudicó al Estado en $4 000 millones. El contrato original se firmó en 1993, cuatro años después se modificó para reducir los aportes que debía recibir el Estado. Entre 1996 y 2008 solamente la empresa Conecel (Claro) registró ingresos por $ 4.453 millones y por la concesión pagó 53 millones.
El rotativo señala que en noviembre de 1993, bajo el Gobierno de Sixto Durán Ballén, mediante concurso público internacional, las compañías Otecel y Conecel introdujeron al país la telefonía móvil, un negocio que ofrecía índices de rentabilidad aceptables para el Estado. A la fecha de la firma de la concesión, ya hubo voces, sobre todo desde el extranjero, que cuestionaban el servicio, pues consideraban que resultaría muy caro y no habría clientes para adquirirlo. Decían, por ejemplo, que Ecuador no era un mercado apropiado para la telefonía celular.
Cuando se suscribió el contrato, según la investigación, Otecel tenía entre sus accionistas a empresas privadas y medios de comunicación. Entre ellas, a El Comercio, El Universo, Ecuavisa, Metro Guayaquil. El Gobierno de Sixto Durán Ballén consistía en pagar los mayores valores según dos posibilidades: el Mínimo Anual Garantizable (MAG), que radicaba en fijar un monto para cada año de acuerdo al número de abonados; o pagar un porcentaje de los Ingresos Brutos Anuales (IBA), el cual crecería cada año (en 1995 sería del 4% y en el 2008 del 70%).
“Si se aplicaba el modelo MAG, el Estado habría recibido el primer año del contrato 900 mil dólares y para el 2008 el ingreso habría sido de 64,1 millones de dólares. Y en total por los 15 años de concesión habrían tenido que pagar 399 millones. Ahora, sólo el contrato firmado en el año 2008 con Porta fue por 493 millones. Esa es la gran diferencia”, dice el reportaje de El Telégrafo.
Lo que llama la atención de este negocio es que la participación de los medios de comunicación, accionistas iniciales de las telefónicas, vendieron su participación a empresas en paraísos fiscales, apenas un año después de obtenida la concesión.
Y en 1996, las empresas Otecel y Conecel tenían nuevos accionistas y lo mismo sucedió con el paquete accionario de Conecel.
TELEFóNICAS ARMAN SU NEGOCIO, TRAS RENEGOCIAR SUS CONTRATOS
Los periodistas de El Telégrafo revelaron también que en 1996, las empresas telefónicas plantean una modificación al contrato para que el pago por la concesión se hiciera de acuerdo al MAG.
Por resolución número 108-23 del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el 20 de septiembre de 1996 se autoriza a la Senatel renegociar los contratos, cuya vigencia inicial era hasta el año 2008. El texto de la resolución señala: “Por ser conveniente a los intereses del Estado y, además con el fin de garantizarle a éste el ingreso real de los valores que mediante contrato se obligaron a pagar a futuro en el plazo de quince años las operadoras del sistema de telefonía móvil celular, es imprescindible que se negocie con éstas el pago anticipado de los mismos, a su valor real”.
Con ello, en la práctica, se congeló el monto a pagar. Bajo las nuevas condiciones Otecel firma el contrato de renegociación el 12 diciembre de 1996, cuando todavía estaba en el poder Abdalá Bucaram Ortiz. Conecel lo hizo el 30 de abril de 1997, ya en el gobierno interino de Fabián Alarcón Rivera.
En esa renegociación –dice el Telégrafo- se aprueba que las dos empresas, por separado, paguen 53 millones de dólares cada una por la concesión hasta el año 2008. “Es decir, que entre las dos pagaron 106 millones, mientras los ingresos de cada una superaron los dos mil millones hasta el último año de la concesión”, menciona el rotativo.
Es de esta manera que la diferencia económica fue evidente. En 1999, cuando en el Ecuador los ingresos de Conecel alcanzaron los 44,8 millones de dólares, de los cuales el Estado debía recibir apenas 8,9 millones, se aplicaba el método MAG. Si se hubiese aplicado el método del porcentaje, que en ese año correspondía al 19% de los Ingresos Brutos, la empresa habría cancelado 9,8 millones de dólares. Con Otecel, en cambio, durante 15 años sus ingresos superaron los 2.755 millones de dólares. Por eso habría tenido que darle al Estado 1.671 millones de dólares, pero no lo hizo.
Según la Unidad de Investigación de diario El Telégrafo, frente a los 53 millones de dólares que pagaron las telefónicas, sus ingresos significaron una excesiva y extraordinaria ganancia, que nunca tuvo ni siquiera un mínimo cuestionamiento de los medios de comunicación y menos de los actores políticos de la época. El valor inicial que debían pagar, cada una, era de 51 millones, pero por costos operativos y financieros, al final pagaron esa “módica” suma de 53 millones.
El Telégrafo, tras una revisión de las ediciones de los periódicos de la época se revela que ninguno puso en alerta al país sobre las condiciones de esos dos contratos ni los posibles perjuicios para el Estado ecuatoriano. Al contrario, estas empresas pautaron publicidad como “para sostenerlos en los momentos de mayor crisis económica”.
