El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Cassinelli recordó que aquellos organismos que se dicen ser defensores de la libertad de expresión de los ciudadanos, en realidad han hecho uso de la comunicación para defender sus intereses corporativos.
Cassinelli mencionó que en los últimos meses llegaron al país representantes de organismos internacionales, entre ellos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Este organismo se autodenomina como una organización sin fines de lucro, dedicada a defender la libertad de expresión en el continente, pero sus miembros son los representantes de las publicaciones o cadenas de periódicos y ellos a su vez aportan económicamente creando así una dependencia
“(La SIP) no está representada por los ciudadanos, no defiende derechos de los ciudadanos, sin embargo opina como que fueran ciudadanos”, comentó Cassinelli.
Explicó que el organismo actualmente tiene 1525 miembros. De ellos 1001, son de publicaciones o cadenas norteamericanas. Es decir que el 65,64% de sus miembros pertenecen a una sola circunscripción territorial, pero el 100% pertenecen a un solo gremio.
Asimismo, indicó que la Ley de Radiodifusión y Televisión promulgada en el Decreto Supremo 256 del 18 de abril de 1975, es la ley que rige los sistemas de comunicación y en la mayoría desarrolla aspectos de carácter técnicos. “Ni de lejos intenta precautelar principios constitucionales como los que se están intentando enunciar hoy en día”, expresó.
Recordó que el Régimen de Prohibiciones y Sanciones desarrollado en el art. 58 de esta ley es limitado e irrelevante y da lugar a interpretaciones antojadizas de quienes pueden manejar el poder de la justicia.
“La vigencia de esta Ley ha permitido a los medios de comunicación, la posibilidad de conformarse en verdaderos gremios que representan fundamentales poderes económicos y de opinión pública, que han llevado al derrocamiento de presidentes de la República legítimamente constituidos”, destacó.
