Desde las 10:00 de este miércoles, el pleno de la Legislatura ecuatoriano continúa el análisis del proyecto de ley de Comunicación, la sesión en la que se puso a debate fue suspendida el martes sin la participación de los legisladores.
A Andrés Segovia, secretario del Parlamento le tomó casi tres horas leer el texto al informe para segundo debate, así como también el informe complementario, elaborado como consecuencia de los resultados de la consulta popular del 7 de mayo pasado, en lo que tiene ver con temas relacionados con la comunicación.
Fernando Cordero, titular de la Legislatura, informó que 41 legisladores se han inscrito para intervenir en el pleno. A través de su cuenta en la red social Twitter, el funcionario destacó que el debate permitirá desmentir que el cuerpo legal sea una “ley mordaza y otras falacias”.
Previo al debate, el pleno recibirá en comisión general a comunicadores y organizaciones sociales que aportarán su visión respecto a la ley de comunicación, entre ellos están directivos de medios públicos.
Según Cordero, la comisión general se extenderá por al menos una hora luego de lo cual se continuará con el debate del proyecto de ley de comunicación hasta aproximadamente las 20:00.
En su interacción con sus seguidores, Cordero sostuvo que el debate “está abierto a todos los que quieran aportar a formar la mejor Ley de Comunicación. Todas y Todos los periodistas”.
Según información de la Asamblea ecuatoriana, la ley de Comunicación tiene por objeto garantizar el ejercicio y la plena vigencia de los derechos a la comunicación y aplicar de forma efectiva la libertad de expresión, de información, la democratización de la comunicación, el libre acceso a la información pública y a las tecnologías de información y comunicación (TIC).
El documento tiene 105 artículos, una disposición general, 17 transitorias, 2 derogatorias, una disposición reformatoria y una final.
En el informe preparado por la comisión de Comunicación, se destaca que el fortalecimiento de instrumentos legales funcionales garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, precautelando además que en su utilización prevalezca el interés colectivo.
Se instituyen las herramientas jurídicas que faciliten la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan en forma ilimitada.
