El Presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que en el proceso de compra de renuncias que se realiza en las entidades del sector público se cancela de manera adecuada las indemnizaciones (cinco salarios básicos por año de trabajo).
El Jefe de Estado explicó que se trata de un proceso necesario debido, sobre todo, a los casos de mal servicio; por esta razón, señaló que se necesitaba una depuración. Aclaró que si fuera un irresponsable, aprovecharía la aprobación popular del 70% de la población, para cruzarse de brazos y no hacer nada; sin embargo, tomó esa medida que trae consecuencias para el Gobierno.
“Esto tiene costo político, pero estamos dispuestos a afrontar ese costo político por responsabilidad, porque no estamos pensando en la próxima elección, estamos pensando en el futuro”, enfatizó el Mandatario durante el conversatorio de prensa que dirigió en Quito, la noche de ayer a su llegada de Colombia.
Indicó que la separación de los servidores se dio luego de varios meses de estudio y evaluación. Así cuando existía mal servicio se intentó arreglar esa situación, sin embargo se han dado casos en los que la única opción que quedaba era la separación de sus puestos.
“Nunca hemos dicho que todos son corruptos, ha habido corrupción y les puedo dar nombres de gente que está muy agradecida por que se fueron algunos corruptos”, acotó explicando que en muchos casos salieron por comportamientos reñidos con la moral.
De acuerdo a la ley el personal que ha sido desvinculado, recibe una indemnización de manera inmediata y en función de los años de servicio. Así el monto de la indemnización es de cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio y hasta un valor máximo de ciento cincuenta salarios. Esto equivale a $39.600, para los que se encuentran amparados bajo la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
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