El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, a través de un comunicado, desmintió lo expuesto por el representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Antonio Arregui, en torno al proyecto de Código Penal en el que trata de confundir a la ciudadanía manifestando que éste intenta sancionar a los religiosos que hostilizan (molestan, acosan) a los partidos políticos.
El comunicado sostiene que Arregui se contradice cuando sostiene que en el proyecto de Código Penal hay una propuesta concreta de sancionar a los religiosos que hostilizan a los partidos políticos (la cual) considera discriminatoria ya que sostiene que el Gobierno del Presidente Rafael Correa pretende prohibir a los religiosos lo que le está permitido a los demás ciudadanos.
“El obispo también demuestra su abierta posición de derecha cuando insinúa que el proyecto estaría animado de ideologías extremas”.
La Secretaría Jurídica resalta que la propuesta legal, que según Arregui sería discriminatoria, es aquella propuesta del Código Penal que sanciona con prisión de cinco a treinta días a los ministros de un culto que en los templos o lugares religiosos, calles o plazas, predicaren contra la Constitución o Leyes de la República, contra o a favor de un partido político determinado, o instigando la rebelión o al desconocimiento de las autoridades constituidas.
Ante esto, Mera recordó que tal sanción ya existe en Ecuador desde el Código Penal que data del año 1938 (73 años atrás) “y nunca obispo alguno, ni aún del Opus Dei, ha advertido sobre la discriminación de esta norma, seguramente porque los gobiernos de derecha, que precedieron al actual, eran del agrado de las cúpulas católicas de turno”.
El comunicado añade: Por qué lo que ha sido aceptado sin miramientos durante 73 años, es ahora rechazado por la cúpula de la iglesia cuando se trata de un Gobierno que no defiende los intereses oligárquicos que taimadamente (astuto) ha defendido Arregui durante estos años.
Mera recuerda que esta disposición no es sino una publicación del Modus Vivendi firmado con el Vaticano, que prohíbe a los religiosos intervenir en política y permite al Gobierno rechazar cualquier nombramiento de un obispo que actúe en política, finaliza el comunicado.
