El proyecto de Código Penal Integral, enviado por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, a la Asamblea Legislativa contiene un artículo que contempla la pena de cárcel de tres a cinco años a las autoridades que de alguna manera coarten la libertad de expresión.
Así lo reveló a la Agencia Andes Mauro Andino, asambleísta del movimiento oficialista Alianza PAIS, quien es presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y también de la Comisión de Comunicación de la Legislatura.
El legislador forma parte de la comisión de funcionarios del Estado ecuatoriano que se encuentran en la capital estadounidense para participar en la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
“Allí está la muestra de que el mejor garante de la libertad de expresión es el presidente de los ecuatorianos (…) sería absurdo que quien está presentando para sancionar a aquellas autoridades que pretendan vulnera el libre ejercicio a la libertad de expresión, sea el que haya propuesto: el presidente de la República”, subrayó.
Para el legislador, con esta propuesta “se da la vuelta a ese discurso malsano, malévolo, totalmente falaz de ciertos actores políticos, determinados periodistas, o empresarios de comunicación o vinculados a la banca” que se oponen a la aprobación de la ley de Comunicación.
El artículo 91 del proyecto de Código Penal Integral “Atentado contra la libertad de expresión y culto” señala: “La autoridad pública o privada que por medios arbitrarios o violentos, coartare la facultad de expresar libremente el pensamiento, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
Por otra parte, Mauro Andino señaló que existen empresarios que defienden sus intereses a través de medios de comunicación vinculados a la banca.
El legislador indicó que de acuerdo a estudios, existe una concentración de medios en ocho familias, las que –a su criterio- son las que presionan para que no se logre aprobar el proyecto de ley de Comunicación, que se encuentra en el Legislativo para segundo debate.
Con la consulta popular aprobada por los ecuatorianos, el 7 de mayo, la aprobación de la ley de Comunicación se eleva a la categoría de mandato constitucional.
No obstante, actores de oposición, aupados por los grandes medios de comunicación, han adelantado que bloquearán la aprobación del cuerpo legal, que dispone la conformación de un Consejo de Regulación que norme los contenidos violentos y explícitamente sexuales o violentos.
La Ley contempla la democratización y acceso a los medios de comunicación y la desconcentración del espectro radio eléctrico.
Paradójicamente, los medios que achacan a Rafael Correa supuestas actitudes dictatoriales, parecen sentirse cómodos con la actual Ley de Radio y Televisión que fue expedida en 1975 por la dictadura militar, refirió Andino.
