Funcionarios del Estado ecuatoriano expusieron ante alumnos de postgrado de la clase de Estudios Latinoamericanos de la Johns Hopkins University, las políticas aplicadas por el Gobierno del Presidente Rafael Correa y que, contrario a lo que opinan gremios y opositores, garantizan la libertad de expresión y pensamiento, pero también los derechos al buen nombre contemplados en la Constitución aprobada en Montecristi, en 2008.
La representación del Ecuador la conforman la ministra de Justicia, Johanna Pesántez; el canciller, Ricardo Patiño; el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado; el asambleísta Mauro Andino (presidente de la comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional); el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño; y el procurador del Estado, Diego García.
Pesántez señaló que, si bien la Constitución establece derechos que se aplican sin discriminación a ningún grupo, también contempla responsabilidades.
Andino explicó que el proyecto de ley de Comunicación que debate la Asamblea –que ha tenido un férreo rechazo de los gremios de prensa y los grandes conglomerados mediáticos- garantiza la libertad de expresión y de pensamiento.
Destacó que por iniciativa del presidente Correa, en el proyecto de Código Penal se establece sanciones penales, de hasta cinco años de cárcel, a los funcionarios que pretendan coartar la libertad de expresión. Esta disposición consta en el artículo 91 del proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo al Parlamento.
Andino lamentó que en el Ecuador se confunda la opinión con la información. “Han considerado que opinión significa injuriar, difamar, o atentar en contra de la dignidad de una persona. A pretexto de opinar se ha pretendido vulnerar un derecho fundamental que tenemos los seres humanos: a la fama, la reputación, la dignidad”, expuso.
El Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, resaltó que este tipo de foros, como el que se desarrolló en la Johns Hopkins, son muy importantes porque permiten contrarrestar la afectación que han hecho los criterios de los medios de comunicación sobre una supuesta amenaza a la libertad de prensa.
“Estos medios asociados en la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y en la Aedep (Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos) han hecho un grave daño al Ecuador. Han pintado al país como un país donde no circulan las libertades, las ideas, las opiniones, cuando es totalmente lo contrario”, sostuvo.
Destacó que por primera vez en el país se está debatiendo una ley de Comunicación y que, en este contexto, es increíble haber escuchado a miembros de la Aedep decir que no es necesario ese marco legal porque ya existen leyes.
“Hoy que se aplican las leyes dicen que se está metiendo la mano a la justicia. Si hacemos lo que ellos dicen, siempre va a haber un pretexto si van perdiendo”, recalcó.
