En por lo menos tres semanas se efectuará una subasta pública internacional para vender las más de 8 mil máquinas tragamonedas que se han decomisado en todo el país. El anuncio lo hizo el viceministro de Relaciones Laborales, Francisco Bacas, en la ciudad costera de Guayaquil.
Explicó que el dinero servirá para garantizar el pago de las indemnizaciones por despido intempestivo de alrededor de 5 mil personas que laboraban en estos locales. En el trámite están alrededor de 30 empresas
En Ecuador el pasado 7 de mayo por mandato popular, la población en las urnas decidió que se prohíba en el país el funcionamiento de las salas de juegos de azar.
Los potenciales países donde se pueden vender las máquinas mecánicas son Perú, Colombia, Costa Rica, entre otros, detalló.
Recalcó que aquellas empresas que cumplan sus obligaciones con los trabajadores, se les devolverá las máquinas en los puertos, para que las reexporten a donde los empresarios crean más conveniente.
Entretanto, en Guayaquil empezaron los primeros pagos por despido intempestivo a los extrabajadores de los casinos. La empresa Coactur, administradora de salas de juego, inició su proceso de pago a 18 trabajadores, de un total de 80, que tenía en cinco locales, en las provincias de Guayas y Los Ríos.
Ariel Oleas es uno de los trabajadores que recibió por tres años de trabajo una liquidación por cerca de USD 2 mil. Dice que el dinero le “servirá para subsistir hasta que consiga un nuevo empleo”.
Así como el, todos los extrabajadores de las salas de juego están en un proceso de capacitación para reinsertarlos laboralmente en la red Socio Empleo del gobierno.
Para las próximas semanas hay otras empresas que han culminado el proceso de liquidación de operaciones y empezarán a pagar a sus trabajadores.
El viceministro Bacas reitero que en el mes de noviembre empezarán las ferias inclusivas, para que los empresarios puedan escoger entre los extrabajadores y enrolarlos en sus compañías. El viceministro aseguró que las plazas de empleo están en un 95% dentro de empresas del sector privado y el porcentaje restante puede aplicar también al sector público.
