El proyecto de Código Orgánico Penal Integral que unifica en una sola ley a los códigos Penal, Procedimiento Penal, Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, fue entregado ayer por la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, para su trámite correspondiente.
El cuerpo legal de alrededor de mil artículos está dividido en cuatro tomos: el primero contiene las tipificaciones penales, el segundo es el procedimiento, el tercero y cuarto se refieren a la ejecución de penas.
Según la funcionaria, la propuesta se ajusta a la normativa constitucional, porque las leyes que se reformarán datan de 1938. Lo que se busca, agregó la secretaria de Estado, es que Ecuador esté a la par con las normas internacionales y satisfaga las necesidades actuales de la ciudadanía.
Pesántez dijo que el proyecto dota al país de herramientas para luchar contra la inseguridad y busca que la normativa esté acorde a la realidad nacional, así como a las nuevas formas delictivas que se han presentado.
Entre las principales novedades, la propuesta prevé como pena máxima 28 años de reclusión, para delitos graves, y acumulación de penas hasta los 35 años.
Además, se tipifica de delito las nuevas modalidades como el crimen organizado, violencia intrafamiliar, sicariato, secuestro exprés, delitos informáticos, mala práctica médica, entre otros y se establecen las penas para estos casos.
“Sobre todo aplicar los principios de proporcionalidad de la pena en ciertos tipos, como las drogas. No puede ser que actualmente una persona que haya sido detenida por 3 kilos tenga la misma pena por una persona que haya sido detenida por 3 toneladas”, afirmó Pesántez.
Aclaró que no hay juicios por delitos de opinión, pero sí se considera la injuria como una falta o menoscabo a la honra de las personas, sea quien sea.
Respecto a la rebaja de penas, indicó que cambia por un régimen progresivo, en el que debe haber un cumplimiento mínimo del 70 por ciento de la pena para poder acogerse a una prelibertad, siempre y cuando cumpla los requisitos de rehabilitación social. “No es una rebaja de penas, pero sí una disminución de la sanción”, manifestó.
Tras recibir el voluminoso documento, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, anunció que dará paso lo antes posible para que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) lo califique en los próximos días y de ahí se lo remita a la Comisión de Justicia.
Cordero considera que este Código es de vital importancia para el país, ya que hasta el momento se ha realizado una serie de parches a las distintas leyes y es bueno integrarlas en un solo cuerpo que permitirá a quienes administran la justicia tener las herramientas claras.
“Este Código, de lo que conozco, está lleno de nuevas herramientas y versiones contemporáneas que serán polémicas, seguramente, para los ortodoxos e insuficientes para los más arriesgados y modernizantes, pero el debate tiene que ser amplio y con mucha tolerancia, a la luz de la coyuntura”, subrayó, al anotar que ni el Código Penal rebosado ni los cambios que se hacen en las leyes son suficientes herramientas para terminar con la inseguridad, porque esa es una tarea de todos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, anticipó que se buscará el mecanismo más idóneo para tramitar este proyecto. No descartó la posibilidad de que dentro de la Comisión se conformen cuatro subcomisiones, para que cada una se encargue de uno de los tomos.
