Crear un organismo de solución de conflictos, que tenga un carácter regional fue uno de los objetivos que se trazó la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) desde su nacimiento.
A un año de que Guyana presentara la propuesta de creación de un Centro de Arbitraje, de un Centro de Asesoría Legal para Controversias en Materia de Inversiones; y de un Código de Conductas para árbitros y Mediadores de Unasur, dos especialistas analizan los pros y los contras de la iniciativa sudamericana.
Para el jurista venezolano Hernando Díaz-Candia, miembro de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, la propuesta hecha por Guayana tiene todas las posibilidades para ser exitosa. “Lo fundamental, al menos inicialmente, es el compromiso, la voluntad de por lo menos tres países, que consientan expresamente su deseo de formar este órgano, que le den un marco normativo apropiado y, además, que se comprometan a realizar fuertes inversiones iniciales”, señaló Díaz.
Las tarifas administrativas que se generen a través de los demandantes y demandados podrían dar el autofinanciamiento que necesitaría el Centro, aunque inicialmente la inversión sería en cuanto a infraestructura, promoción institucional a nivel nacional e internacional, y salarios.
Antes de la propuesta de Unasur, la anterior iniciativa fue un intento de crear un organismo en el Caribe, aunque no se consolidó la idea. Asimismo, hay intentos como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no trabaja con arbitraje pero es un organismo de administración de justicia.
A criterio de Díaz, uno de los principales problemas que se detecta a la hora de crear un centro de arbitraje es la inconsistencia ideológica que debe primar en el momento de construir un organismo de este tipo. “Creo que ha faltado compromiso, unidad ideológica, compromiso legal y, para ser sincero, creo hay un cierto tipo de celo o competencia por ser el centro de la cuestión”, agregó.
Por su parte, el consejero legal Martín Doe Rodríguez, de nacionalidad española, encuentra como principal desventaja que, al ser un organismo nuevo, ni los Estados ni las empresas privadas tendrían familiaridad con él y que si no aplicara un reglamento o normas distintas de las que ya existen, no podría justificarse su existencia. “Si aplica normas distintas, uno tendría que preguntarse si está creando demasiada incertidumbre o cuál sería su relación con los otros foros que ya existen”, argumentó Doe.
El jurista español coincide con Díaz en que es necesaria una voluntad política. él aclara que este requisito sí se cumple en la región pues hay un movimiento que critica al sistema actual y ve una necesidad de cambiarlo. “La ideología debe quedar un tanto de lado al momento de pensar que este organismo debe trascender en el tiempo”, mencionó.
Uno de los problemas fundamentales de los litigios que se dan en la región tiene que ver con el uso del idioma. Generalmente, los litigios del CIADI se realizan en inglés, poniendo en cierta relación de desventaja a los países de habla hispana.
