El viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, Leonardo Berrazueta, dijo que 903 policías fueron sancionados administrativamente y 135 tienen procesos judiciales pendientes, de los cuales 85 fueron dados de baja por su participación en los hechos del 30 de septiembre del 2010 (30-S).
El funcionario de Estado afirmó en una radio local “es absurdo festejar el 30-S, pues ese día murieron personas y hay que respetar a las familias que perdieron a sus seres queridos. Lo que hará el gobierno es conmemorar un año del fortalecimiento de la democracia”.
Berrezueta dijo que está claro que lo ocurrido no fue una insubordinación de la Policía. Por ello recordó que serán entregadas esta semana a la Fiscalía nuevas pruebas sobre el 30-S.
Por su parte, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, dijo que mañana presentarán pruebas y elementos que no han sido considerados en la investigación y que ayudarían a esclarecer a los actores intelectuales del intento de golpe de Estado.
La funcionaria dijo que presentará información sobre los acontecimientos en la Asamblea Nacional, el Regimiento Quito y el edificio de los Medios Públicos, sitios en donde se identifican personas y vinculaciones con organizaciones políticas.
Para mañana también está previsto que acudan al Ministerio Público a rendir testimonio el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, y el ex ministro del Interior, Gustavo Jalkh, quien actualmente es secretario particular del primer mandatario.
